Airbnb ha comunicado que interpondrá un recurso de reposición contra la sanción de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en diciembre de 2025, por supuestas infracciones vinculadas a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos. La decisión se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya rechazado la petición de medidas cautelares presentada por la compañía para dejar en suspenso el pago de la multa.
En una nota remitida a los medios, la plataforma 'online' sostiene que esta sanción es “contraria al marco legal español y europeo”, y subraya que la resolución del TSJM es “puramente procedimental” y no entra a valorar el fondo del litigio, que “sigue su curso”.
La empresa defiende que ha respetado “en todo momento” la normativa vigente en España y recalca que, desde la entrada en vigor de la nueva regulación sobre alquileres de corta duración, ha venido colaborando con las autoridades competentes en su desarrollo y aplicación.
El Ministerio de Consumo detectó “prácticas comerciales desleales” hacia consumidores y usuarios por la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, un total de 65.122, que fueron eliminados de la plataforma en julio de 2025.
El departamento también apreció que Airbnb difundía anuncios de viviendas turísticas con un número de licencia o registro que no coincidía con la numeración oficial de los registros, así como anuncios sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que, a su juicio, constituía una práctica de publicidad engañosa.
Por estas conductas, Consumo impuso a la compañía una sanción calificada como infracción grave, por un importe de 63,98 millones de euros. Airbnb llevó el caso ante la justicia, lo que supuso la suspensión temporal de la obligación de abonar la multa.
Sin embargo, el auto del TSJM ha desestimado ahora la solicitud de medidas cautelares con la que la plataforma de alquiler turístico pretendía mantener paralizado el pago hasta que se dictase sentencia firme.
Reacción del Ministerio de Consumo
Tras conocerse la resolución judicial, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, se ha pronunciado en el programa 'La hora de La 1', donde ha recalcado que “ninguna empresa está por encima de la ley ni de los consumidores”.
En la misma línea, ha señalado que el fallo del tribunal respalda el principio de que “ninguna empresa, por poderosa que sea, está por encima de la ley ni de los derechos de los consumidores”.
Según Bustinduy, la dureza de la sanción a Airbnb marca un punto de inflexión frente a la “inacción” que, a su entender, mostraba la derecha en administraciones como la de Madrid bajo el mandato de José Luis Martínez-Almeida, a quien ha acusado de “jactarse de no hacer nada” ante los 15.000 pisos turísticos ilegales existentes en la capital.