La líder de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha comunicado que han realizado una consulta a la Abogacía del Estado debido al nuevo informe adicional de pensiones que el Gobierno les ha pedido preparar antes del 1 de junio de 2026 para cumplir con las exigencias de Bruselas.
Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), la semana pasada se publicó una modificación al Real Decreto de 18 de febrero que redefine la evaluación del sistema de pensiones por parte de la AIReF, incluyendo la necesidad de considerar medidas adicionales de ingresos.
Con estos cambios, la AIReF debe generar un informe extra al ya emitido el pasado 31 de marzo sobre la regla de gasto en pensiones, tras una solicitud de Bruselas de excluir las transferencias estatales como ingresos, a diferencia de lo estipulado en el anterior decreto del Gobierno.
En una conferencia de prensa reciente, Herrero manifestó su desconcierto sobre la necesidad del informe adicional sobre las pensiones impuesto por el Gobierno y reafirmó que el análisis sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones será idéntico en 2026 al de este año y el próximo.
EL DIAGNÓSTICO SERÁ EL MISMO PORQUE POCO HA CAMBIADO
«Nosotros desde el punto de vista de la sostenibilidad seguimos diciendo lo mismo, que la reforma del sistema de pensiones ha aumentado el desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social en más de un punto de PIB», explicó Herrero.
«¿Cuál es el problema? Que tenemos una regla de gasto en pensiones que no mide nada. No mide la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y entonces, ahí sí que es verdad que de aquí a un mes, a un año, a lo mejor algo puede cambiar. Lo ha cambiado del 2023 al 2025, pero no por el diagnóstico del sistema de pensiones, sino por el crecimiento económico», agregó.
Herrero criticó que no se respete lo establecido en la ley orgánica que regula estos procedimientos, obligando a la institución a realizar un nuevo estudio. «No sé qué nuevos datos vamos a tener. No lo entiendo», señaló mientras solicitaba «parar esta deriva».
Sobre las transferencias, la presidenta de la AIReF aseguró que para el informe del próximo año usaría «exactamente» las mismas transferencias que en el último informe de marzo.
«Tenemos una ley orgánica que nos dice muy claramente lo que tenemos que hacer. Unos informes que son los que son y ni uno más ni uno menos. Unas opiniones que se emiten a iniciativa propia de AIReF, no por imposición legal», declaró.
Ante esta situación, desde la AIReF han consultado a la Abogacía del Estado para resolver si «las opiniones son voluntarias y, por lo tanto, no las puede imponer una ley» y para aclarar si los informes deben ser los establecidos en la ley orgánica y no los adicionales que se incluyen en los últimos decretos.
«Lo que nosotros pedimos básicamente es que se aclare la terminología. Lo que nosotros pedimos, yo ya lo pedí en el Congreso, es que sea muy restrictivo, muy puntual el que una ley establezca que AIReF tiene que evaluar algo, lo segundo es que se aplique bien la terminología y que con independencia de como lo llamen, se recuerde lo que dice nuestra ley. Y es que los informes son los que son y que las opiniones son voluntarias y que, por lo tanto, la única vía posible es la de un encargo de evaluación», concluyó Herrero.
«Eso implica que la AIReF, en el ejercicio de su independencia y su autonomía de gestión, determina qué va a evaluar, cuál es el alcance de la evaluación, cuál es la metodología que va a utilizar y cuál es el calendario, lo que le permite una correcta utilización de sus recursos», finalizó.