Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ha comunicado que la entidad ajustará sus pronósticos para el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español de este año, actualmente en el 2,3%, hacia cifras más elevadas.
Este anuncio se dio durante su participación en la Conferencia por el 40 aniversario de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), donde Herrero atribuyó esta revisión positiva a los nuevos datos de Contabilidad Nacional del periodo 2022-2024, recientemente actualizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La presidenta de AIReF también señaló que la menor incertidumbre y el aumento de la inmigración han influido en estas mejores expectativas, las cuales se alinearán con las recientes proyecciones de otros organismos nacionales e internacionales, que oscilan entre el 2,6% y el 2,7%.
Desafíos de la descentralización en la sostenibilidad
En el evento, Herrero reconoció las complicaciones que la descentralización administrativa presenta para los análisis de sostenibilidad, mencionando que, aunque ofrece ventajas como la especialización y la proximidad, es ineficaz sin una coordinación adecuada.
«La descentralización administrativa, tanto a nivel territorial como dentro de cada uno de los niveles, tiene unas ventajas innegables en términos de especialización o proximidad, pero fracasa si no existe la adecuada coordinación. Y ahora mismo no la hay», advirtió Herrero.
Asimismo, destacó que la falta de coordinación impide un diagnóstico preciso de los problemas, lo que puede llevar a errores en las propuestas de solución. Herrero puso como ejemplo el despliegue del Ingreso Mínimo Vital y el análisis sobre la pobreza.
El desafío demográfico y las pensiones
Herrero también abordó el impacto del envejecimiento poblacional en el sistema de pensiones, señalando que el gasto en pensiones aumentará significativamente en comparación con las cotizaciones, lo que requerirá transferencias adicionales del Estado a la Seguridad Social de 2,4 puntos del PIB para 2050.
«La tendencia es que el crecimiento del gasto en pensiones va a ser muy superior al crecimiento de las cotizaciones y que eso va a suponer que en el 2050 el Estado va a tener que hacer transferencias a la Seguridad Social por un importe de 2,4 puntos de PIB adicionales a las que ya viene haciendo», explicó. Con esta perspectiva, Herrero enfatizó la importancia de actuar pronto para mitigar las tendencias adversas.