Alberto Nadal, recientemente designado como vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, ha delineado en su última intervención las directrices económicas que pretende impulsar dentro del partido. Entre sus propuestas más destacadas se encuentra el rechazo a la condonación de la deuda autonómica sugerida por el Gobierno actual, así como la promoción de un marco regulatorio que permita a las empresas del sector energético gestionar de manera autónoma la duración operativa de las centrales nucleares, bajo la premisa de tomar decisiones “de forma libre” en este ámbito.
Descrito como un firme europeísta y partidario de la desregulación estatal en empresas privadas, Nadal, quien fue secretario de Estado de Presupuestos bajo Cristóbal Montoro y es hermano de Álvaro Nadal, exministro de Energía, ha expresado su apoyo a la prolongación del funcionamiento de las centrales nucleares, condicionado a la voluntad corporativa. En sus palabras a la prensa, subrayó la importancia de que sean las propias compañías energéticas las que determinen su continuidad, basándose en las directrices del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Además, Nadal ha criticado las políticas de condonación de deudas impulsadas por el Gobierno, calificándolas de “falsas” y “tramposas”, y negó la existencia real de dichas condonaciones. A su vez, mencionó que los recursos financieros que se liberarían con estas medidas no se destinarían a sectores críticos como la educación o la sanidad, sino que se trataría de una maniobra política.
Respecto a la economía española, aunque reconoce un crecimiento significativo, Nadal advierte que este ritmo no se mantendrá en el futuro, según las proyecciones del Banco de España y otros indicadores. Criticó la gestión económica del Gobierno y subrayó que una gran mayoría de españoles siente que ha perdido poder adquisitivo, argumentando que las cifras macroeconómicas no se traducen en una mejora tangible para las familias ni incentivan la inversión empresarial.
Finalmente, Nadal ha rechazado la propuesta de exigir a las empresas grandes que ofrezcan servicios de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales, argumentando que esta medida generaría costes adicionales y limitaciones de mercado innecesarias, sin aportar beneficios reales a los consumidores o a las propias empresas.