Alemania y Francia, las dos mayores potencias económicas de la Unión Europea, han escenificado hoy su profunda divergencia respecto a la decisión del Parlamento Europeo de llevar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Mientras Berlín tilda la resolución de “lamentable”, París la celebra abiertamente.
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha manifestado en su cuenta oficial en X que “La decisión del Parlamento Europeo sobre el acuerdo del Mercosur es lamentable”, subrayando que, a su juicio, la Eurocámara no está leyendo de forma adecuada el actual contexto geopolítico.
Merz ha insistido además en que “Estamos convencidos de la legalidad del acuerdo. Basta de demoras. El acuerdo debe aplicarse ahora de forma provisional”, reclamando que se ponga en marcha cuanto antes la aplicación provisional del pacto.
En contraste, el ministro francés de Europa y Asuntos Extranjeros, Jean-Noël Barrot, ha expresado en la misma red social la satisfacción del Ejecutivo galo por la decisión de denunciar el acuerdo con Mercosur ante el Alto Tribunal europeo.
“Al remitir el acuerdo del Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha actuado conforme a la postura que hemos defendido”, ha señalado Barrot, reivindicando la línea marcada por París.
El responsable francés ha añadido que “Francia está dispuesta a decir no cuando es necesario, y la historia a menudo le da la razón. La lucha continúa para proteger nuestra agricultura y garantizar nuestra soberanía alimentaria”, ligando el rechazo al acuerdo con la defensa del sector agrario y de la autonomía alimentaria del país.
El pleno del Parlamento Europeo decidió este miércoles, por un estrecho margen de apenas diez votos, elevar el acuerdo UE-Mercosur al TJUE para que dictamine sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario. Este movimiento congela de facto el proceso de ratificación del tratado, aunque no bloquea automáticamente su posible aplicación provisional, que queda en manos de la Comisión Europea.
La iniciativa para solicitar un dictamen jurídico al Tribunal con sede en Luxemburgo, impulsada por la izquierda europea, prosperó con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. En cambio, una segunda propuesta de contenido similar, respaldada por la ultraderecha de Patriotas por Europa, fue rechazada con 225 votos a favor, 402 en contra y 13 abstenciones.
Con esta decisión, el TJUE deberá pronunciarse sobre la base jurídica tanto del acuerdo de asociación (EMPA, por sus siglas en inglés) como del acuerdo interino comercial (ACI), cuya competencia es exclusivamente comunitaria. La Eurocámara esperará a conocer la posición del Tribunal de Luxemburgo antes de someter el pacto a la votación definitiva en el pleno, aunque los eurodiputados podrán seguir avanzando en el examen del texto.
Pese a que este paso deja en suspenso el proceso formal de ratificación, la Comisión Europea conserva la posibilidad de activar la aplicación provisional de la parte comercial, según indican a Europa Press fuentes comunitarias, siempre que al menos uno de los países de Mercosur haya completado su procedimiento interno de adopción.
La Comisión Europea —cuyo presidente, Ursula von der Leyen, viajó el pasado domingo a Paraguay para firmar el acuerdo comercial y lo ha defendido este mismo miércoles ante el pleno como un momento “histórico”— ha reaccionado tras la votación lamentando la decisión de la Eurocámara y anunciando que estudiará el nuevo escenario antes de ofrecer una valoración más detallada.
El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, ha explicado en rueda de prensa que, desde la perspectiva de Bruselas, la motivación del Parlamento Europeo para recurrir al TJUE “no está justificada”, al considerar que ya se han adoptado medidas a nivel de la UE para responder a las inquietudes y reservas planteadas por los eurodiputados.
Dudas sobre el encaje legal del acuerdo
Entre las cuestiones que la Eurocámara quiere que el Tribunal de Luxemburgo clarifique figura el llamado mecanismo de reequilibrio, que permite a los países de Mercosur cuestionar normas europeas que consideren perjudiciales para sus exportaciones. Los eurodiputados temen que este instrumento choque con la autonomía reguladora de la Unión y con sus Tratados, y que termine debilitando la capacidad normativa del bloque.
También se ponen en entredicho las atribuciones de la Comisión Europea al optar por dividir el acuerdo en dos instrumentos, uno de carácter político y de cooperación y otro estrictamente comercial. Para numerosos eurodiputados, esta maniobra habría buscado facilitar la firma del pacto, ya que la parte comercial puede entrar en vigor de manera provisional con la sola ratificación europea, sin necesidad de ratificaciones nacionales.
Esta estrategia permitió además a Bruselas sortear la exigencia de unanimidad y obtener la aprobación de los Veintisiete para rubricar el tratado comercial el pasado domingo en Asunción, gracias a un mandato adoptado por mayoría cualificada, pese a la oposición de alrededor de media docena de Estados miembros, entre ellos Francia, Irlanda y Polonia. El Ejecutivo francés ha celebrado la resolución del Parlamento Europeo al entender que se ajusta a la posición que ha venido defendiendo París.