Grupos representativos de la Administración pública española, que incluyen asociaciones de funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) y de jueces y fiscales, han expresado su ‘elevada preocupación’ ante la introducción de un nuevo método de oposición para altos cargos, el cual consideran representa un ‘grave peligro’.
En una declaración conjunta, dichas asociaciones han manifestado que el cambio propuesto podría alterar los actuales métodos de selección, ‘exigentes e imparciales’, por unos procesos personalizados que comprometerían la capacitación de los funcionarios y representarían ‘una injerencia política inadmisible y sin precedentes en nuestra democracia’.
Nuevo Modelo de Selección Propuesto
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha sugerido un nuevo esquema de selección donde los candidatos para puestos en los Grupos A1 y A2 serán entrenados durante dos años, tras lo cual deberán aprobar un examen para poder ocupar la vacante.
Este esquema busca adecuar los perfiles de ingreso a las nuevas profesiones emergentes, ofreciendo una formación oficial reconocida incluso para aquellos que no superen el examen final.
Las asociaciones críticas han declarado que este plan se ha desarrollado sin ‘ningún tipo de consenso’ y bajo la ‘falsa idea de modernizar y democratizar el acceso a la función pública española’. Entre las firmantes del manifiesto se encuentran varias asociaciones importantes como Inspectores de Hacienda del Estado y Asociación de Fiscales, entre otras.
Estas asociaciones han subrayado que la falta de consenso sobre este nuevo sistema ignora las opiniones de los colectivos que serán impactados y que el nuevo método propuesto no refleja el actual nivel de exigencia y transparencia requeridos para la selección de funcionarios.
Finalmente, han advertido que la nueva metodología podría no garantizar una adecuada preparación, afectando así la calidad del servicio público y, consecuentemente, a los ciudadanos.