Los comités de empresa de Costa Taurito, Valle Taurito y Paradise Lago Taurito, integrados en Mar Abierto S.L., que se encuentra en fase de liquidación concursal, han expresado su “profunda preocupación” por la adjudicación provisional de estos establecimientos al Grupo Lopesan. Aseguran que la oferta “oculta un perjuicio” que supera los 6 millones de euros.
En una nota, afirman que las propuestas económicas rondan los 85 millones de euros. Tras un “análisis comparativo exhaustivo”, destacan que, aunque la propuesta de Lopesan parece ser la más alta, en realidad es “sustancialmente inferior”, tanto en aspectos económicos como sociales, en comparación con la del Grupo Martinón.
Denuncian que la escasa ventaja de 1.000 euros de Lopesan “oculta un perjuicio real” de más de 6 millones de euros, y que esta cifra aumenta al tener en cuenta “los costes indirectos y las consecuencias laborales y operativas” de la oferta.
Además, alertan que la propuesta de Lopesan no asegura la totalidad del empleo, excluyendo a “15 trabajadores directos, los trabajadores en excedencia” y al personal indirecto. Además, la negativa de Lopesan a subrogar contratos clave, como los de Lavandería Mogán y el subarrendamiento del parque acuático Lago Taurito, “provocaría despidos, pérdidas para proveedores locales y posibles incumplimientos” con turoperadores.
El impacto económico negativo se estima en 6.125.447,31 euros, sin contar con más de 7,9 millones de euros en reservas confirmadas ligadas al funcionamiento del parque acuático, además de la “pérdida de derechos laborales consolidados”.
Por otro lado, los comités valoran positivamente la oferta de Martinón, que consideran “mucho más favorable” para la continuidad laboral y el interés general, destacando la subrogación completa de contratos y el mantenimiento de la actividad sin “resolver contratos esenciales ni poner en riesgo” los servicios turísticos.
Finalmente, los comités solicitan al administrador concursal y al Juzgado de lo Mercantil que evalúen “de manera integral e imparcial” las consecuencias de cada propuesta y piden la nulidad del auto de adjudicación provisional, priorizando la continuidad del empleo y el respeto al interés general sobre las diferencias en las ofertas económicas.
Expresan su descontento por no haber sido escuchados hasta ahora, aunque confían en que sus argumentos “sean valorados con rigor y responsabilidad”, considerando el futuro y la estabilidad de más de 300 familias que dependen directamente de estos hoteles.