El presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Miguel Ángel Vázquez Taín, junto con el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), Agustín Fernández, han expresado su preocupación este miércoles por la inseguridad jurídica causada a las empresas debido al aplazamiento por parte del Gobierno de la entrada en vigor del sistema Verifactu de la Agencia Tributaria para la verificación de facturas electrónicas.
“La mayoría de los empresarios ya habían planificado sus recursos y organizado la adaptación de sus sistemas confiando en los plazos inicialmente establecidos, por lo que un cambio tan tardío complica su organización interna y genera dudas sobre la estabilidad del marco normativo”, han alertado.
Aunque han señalado que el aplazamiento puede ser beneficioso para aquellas empresas que todavía estaban adaptándose, han advertido que para la mayoría del tejido empresarial español, esta prórroga implica “reprogramar tareas, revisar inversiones tecnológicas y asumir costes adicionales derivados de ajustes de última hora”.
Estos ajustes, según los líderes del CGE y REAF, “afectan especialmente a los negocios con menos capacidad administrativa y menor margen para absorber imprevistos”.
En este contexto, han recalcan la necesidad de que los plazos establecidos para la entrada en vigor de las normativas se mantengan fijos y no sufran cambios inesperados, con el fin de que las empresas puedan planificar y adaptarse sin inseguridades.