La plataforma alianzAS, que agrupa a asociaciones y compañías de servicios esenciales en España, ha advertido de que las propuestas de incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 pueden poner en peligro la continuidad de prestaciones básicas —como la atención domiciliaria, la dependencia o la limpieza— al implicar, según sus cálculos, hasta un 20% más de costes salariales.
Los sectores integrados en alianzAS —limpieza, mantenimiento integral de edificios, restauración, servicios de atención a mayores, cuidados para personas dependientes y atención domiciliaria, servicios de instalaciones deportivas, contact centers, centros especiales de empleo y servicios energéticos— concentran entre el 80% y el 90% de sus gastos en retribuciones. Por ello, cualquier subida directamente ligada al SMI “tiene un efecto inmediato y multiplicado”, tal y como ha señalado la organización en una nota pública.
El comité de expertos que asesora al Gobierno en materia de salario mínimo interprofesional ha diseñado dos posibles escenarios de aumento de esta renta mínima para 2026: uno contemplando su tributación en el IRPF y otro manteniéndola exenta. En la actualidad, el SMI se sitúa en 1.184 euros mensuales en catorce pagas.
Las recomendaciones de los expertos pasan por elevar el SMI el próximo año en 37 euros al mes, hasta 1.221 euros por catorce pagas, si continúa sin tributar, o en 56 euros mensuales, hasta 1.240 euros, si finalmente se somete al IRPF.
En términos relativos, estos incrementos representarían un 3,1% en el primer escenario (sin tributación) y un 4,7% en el segundo (con tributación). Se trata de las alzas que el comité considera necesarias para que el SMI alcance, como mínimo, el 60% del salario medio, en línea con lo dispuesto en la Carta Social Europea.
Para alianzAS, aplicar estas recomendaciones implicaría comprometer la viabilidad de servicios esenciales como la atención domiciliaria, la dependencia, la limpieza, la restauración colectiva o los programas de inclusión laboral.
La Confederación ha incidido en que estos sectores, muchos de ellos sujetos a contratos públicos de larga duración, carecen de margen para revisar precios y compensar el encarecimiento salarial debido a las limitaciones de la Ley de Contratos del Sector Público. A su juicio, esta situación podría desembocar en renuncias contractuales, destrucción de empleo y un deterioro inmediato de servicios básicos de los que dependen millones de personas.
En este contexto, la organización ha solicitado modificar los artículos “más problemáticos” de la propuesta de los expertos sobre la subida del SMI y ha instado a abrir una mesa de diálogo técnico con el Ejecutivo con el fin de asegurar un desarrollo normativo “realista, aplicable y compatible con la calidad de los servicios esenciales”.