Alquiler Seguro ha anunciado este jueves que presentará un recurso ante los tribunales y pedirá medidas cautelares contra la sanción impuesta por el Ministerio de Consumo, una multa de 3,6 millones de euros por prácticas "abusivas" hacia los inquilinos. La compañía califica la resolución de "ideológica" y "atropello jurídico" y sostiene que está plagada de "irregularidades".
En una rueda de prensa ofrecida por sus máximos responsables, la empresa ha reiterado su rechazo frontal a la decisión de Consumo, que llevará ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y ha confirmado que reclamará la suspensión cautelar de la sanción. Defiende que en el procedimiento se han vulnerado sus derechos fundamentales y que "todos sus servicios son legales".
La compañía considera que el expediente responde más a un enfoque "político e ideológico" que estrictamente jurídico y asegura que el proceso está lleno de "irregularidades", "incongruencias", "grandes mentiras", acusaciones "falsas" y pruebas descontextualizadas y "obtenidas de forma ilícita".
Alquiler Seguro recuerda además que los tribunales ya se han pronunciado a su favor en cuatro ocasiones en asuntos vinculados al mismo conflicto analizado ahora por Consumo. Estas sentencias, a las que ha tenido acceso Europa Press, datan de 2025 y resuelven reclamaciones de particulares por importes de hasta 1.500 euros.
El presidente de la compañía, Antonio Carroza, ha denunciado las "incongruencias" y "grandes mentiras" que, a su juicio, rodean el expediente y ha subrayado la necesidad de "contestar al atropello que se produjo ayer en sede ministerial". Ha reclamado una "rectificación pública" al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, y ha advertido de que están en manos de responsables políticos que recurren a la "mentira" y que lo probarán en los tribunales, "en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en todos los ámbitos judiciales que sean necesarios".
Por su parte, el responsable del área jurídica, Carlos Sánchez, ha criticado que se haya pasado por alto su derecho a recurrir la sanción de Consumo. Ha avanzado que pedirán medidas cautelares y ha descartado modificar la operativa de la compañía a raíz de las denuncias y la multa impuesta: "No vamos a dejar de hacer algo que es legal".
"Estamos convencidos de que vamos a tener una resolución favorable" tras el recurso, sostiene Sánchez. "No tenemos una bola de cristal, pero sí tenemos antecedentes" y "al fin" estaremos ante un "órgano imparcial", añade.
En relación con la posible huelga de pago de rentas promovida por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, la empresa ha insistido en que se trataría de una actuación ilegal y ha querido trasladar un mensaje de calma apoyado en su "solvencia". Carroza ha asegurado que "estamos preparados indefinidamente" ante un eventual escenario de impagos o huelga de alquileres.
En un comunicado, Alquiler Seguro defiende que el Servicio de Atención al Inquilino (SAI) no es una comisión de agencia encubierta y que se trata de un servicio "real" y "voluntario". Según sus datos, 267 inquilinos han decidido no contratarlo desde la entrada en vigor de la ley de vivienda hasta marzo de 2025. También niega que obligue a sus clientes a suscribir un seguro del hogar, ya que más de 4.000 inquilinos, sobre un parque de 26.730 inmuebles, no lo han contratado.
La compañía insiste igualmente en que los arrendatarios pueden ejercer su derecho de desistimiento del SAI y que la inclusión en ficheros de insolvencia se lleva a cabo "conforme a la ley", entre otros argumentos esgrimidos en su defensa.
Una sanción de 3,6 millones y varias infracciones muy graves
El miércoles, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 informó de que mantenía la multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas "abusivas" contra los inquilinos, tras resolver el recurso de alzada presentado por la empresa gestora de contratos de arrendamiento y dar por concluida así la vía administrativa.
Ese mismo día, la compañía ya avanzó que llevaría la resolución de Consumo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, según indicaron a Europa Press fuentes de la firma, y calificó la decisión de "injusta y arbitraria", reiterando que todos sus servicios se ajustan a la legalidad.
El Ministerio sostiene la sanción al considerar que Alquiler Seguro ha vulnerado los derechos de los consumidores "aprovechando su posición de predominio de mercado" y que ha cometido una infracción grave y seis infracciones muy graves.
En detalle, Consumo sanciona a la empresa por imponer a los inquilinos la contratación de un servicio de atención entendido como gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato; por obligar a suscribir un seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora y por cargar comisiones por reclamación de posiciones deudoras, incluso cuando la causa no sea imputable al arrendatario, así como por aplicar cargos por reclamaciones judiciales aun sin existir condena en costas.
La resolución también penaliza la introducción en los contratos de una cláusula que autoriza a la inmobiliaria a incluir al arrendatario en registros de morosos en caso de impago de cualquiera de las cantidades reflejadas en el contrato, con independencia del motivo del impago y aunque no se trate de deudas vencidas y exigibles, y por eliminar el derecho de desistimiento del arrendatario respecto al contrato del servicio de atención al inquilino.
Además de la sanción económica de 3,6 millones de euros, la resolución incorpora dos medidas accesorias: la obligación de corregir los incumplimientos detectados, lo que implica suprimir las cláusulas consideradas abusivas, y la publicación de la multa, la razón social de la empresa responsable (Alquiler Seguro, S.A.U) y la naturaleza y tipo de infracción cometida.