QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Un informe realizado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para Airbnb indica que los alquileres de corta duración produjeron un gasto directo de 5.563 millones de euros en el ámbito rural español durante 2024. De esta cantidad, 3.200 millones se destinaron específicamente a sectores como la restauración, el ocio, la cultura y el pequeño comercio.
El estudio subraya que estos alquileres se afianzan «como motor económico clave para la España rural», acogiendo a más de 13 millones de turistas ese año en localidades de menos de 10.000 habitantes.
Los visitantes de otros países fueron cruciales para este dinamismo económico, generando un gasto de 3.874 millones de euros, significativamente superior al de los turistas locales, que fue de 1.690 millones. Además, estos turistas extranjeros gastaron más en ocio y actividades culturales en comparación con el gasto predominantemente gastronómico de los turistas nacionales.
El informe también destaca la importancia del anfitrión rural como promotor del comercio local, convirtiendo cada alojamiento en una «oficina de turismo de proximidad» que potencia el consumo en negocios que, de otro modo, «pasarían desapercibidos».
En relación con el turismo en zonas rurales, se observa un incremento del 14% en el número de visitantes en comparación con años anteriores, y un aumento del 36% en turistas internacionales, especialmente en municipios sin oferta hotelera. El impacto en el empleo local también es notable, con un aumento del 4% en la ocupación en sectores como la hostelería y el comercio en áreas predominantemente rurales. Se estima que añadir un solo alojamiento turístico por municipio podría atraer a 580.000 visitantes adicionales y generar un gasto directo de 135 millones de euros.
Además, se subraya que los alquileres de corta duración en áreas rurales representan solo el 0,6% del total de viviendas, lo que «descarta cualquier presión significativa» sobre el acceso a la vivienda en estas zonas.
Finalmente, el informe sugiere avanzar hacia un marco normativo que «reconozca el impacto positivo del alquiler turístico rural», proponiendo zonas rurales libres de restricciones al alquiler, facilitación del registro de viviendas, priorización en ayudas públicas para la digitalización y un tratamiento diferenciado para alojamientos en municipios con riesgo de despoblación.
Jaime Rodríguez de Santiago, director general de Airbnb Marketing Services, destacó en una nota de prensa que el estudio «reconoce el papel único de corta duración», y que esta actividad representa «una oportunidad» para activar la economía en algunas zonas rurales.
