El Pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves al decreto ley del Gobierno con medidas fiscales para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán, con Vox como única fuerza en contra, la abstención de PP y Podemos y el respaldo del resto de grupos.
Como ocurre con cualquier decreto ley, la norma estaba vigente desde su aprobación en el Consejo de Ministros, el pasado viernes 20 de marzo, pero debía ser refrendada por la Cámara Baja en un plazo máximo de treinta días, trámite que se ha completado este jueves. Además, el hemiciclo ha acordado que el decreto continúe su tramitación como proyecto de ley.
El texto recoge un paquete de 80 actuaciones que movilizará 5.000 millones de euros. Entre ellas, el Real Decreto-ley contempla la bajada del IVA del 21% al 10% para carburantes, electricidad, gas natural, briquetas y 'pellets', la congelación del precio máximo de venta del butano y el propano y la recuperación de la bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la gran industria.
Se reduce el IVA al 10% y se rebajan los tributos que inciden en el coste de la gasolina y el gasóleo hasta el umbral mínimo fijado por la directiva europea. En la factura eléctrica, a la reducción del IVA se añade la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5% marcado por la Unión Europea.
Ayuda de 20 céntimos por litro y apoyo a sectores vulnerables
La norma también fija el tipo del impuesto de hidrocarburos en el nivel mínimo permitido y, para los sectores más golpeados por la crisis, como transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, se establece una ayuda de veinte céntimos por litro de gasóleo profesional utilizado en su actividad. Esta compensación será gestionada por la Agencia Tributaria y por las haciendas forales de País Vasco y Navarra.
A esta medida se suma una ayuda equivalente destinada a la compra de fertilizantes, con el objetivo de que “esos sectores tan importantes puedan capear esta crisis y para contener todo lo posible los precios de la cesta de la compra”, ha apuntado el presidente.
Veto a despidos por causas ligadas a la guerra y control de beneficios
El plan de respuesta del Ejecutivo frente a las consecuencias de la guerra en Irán incorpora la prohibición de realizar despidos objetivos por causas económicas vinculadas al conflicto en Oriente Próximo, así como para las empresas que reciban fondos públicos relacionados con esta situación.
Asimismo, se refuerzan las facultades de vigilancia y sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el fin de impedir que cualquier compañía beneficiaria de las ayudas previstas en el plan de respuesta a la guerra en Irán pueda aprovecharse indebidamente de ellas. El paquete incluye, además, un mayor control sobre los márgenes empresariales de las compañías suministradoras de carburantes.
En concreto, el Gobierno de coalición ha decidido intensificar la supervisión de los márgenes de estas empresas a través de la CNMC y habilitar al Consejo de Ministros para fijar límites a sus beneficios.
Incentivos al autoconsumo, bombas de calor y vehículos eléctricos
Por otra parte, el decreto incorpora un bloque de deducciones fiscales orientadas a promover el autoconsumo energético y la instalación de bombas de calor.
Estas deducciones, aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se dirigen a la colocación de placas solares, puntos de recarga, bombas de calor o sistemas de climatización en edificios, y se encuadran en un eje del plan de carácter más “naturaleza estructural”. Igualmente, se contemplan deducciones en el IRPF del 15% para la adquisición de vehículos eléctricos y enchufables.
El decreto amplía también las ayudas a la rehabilitación de vivienda que, según el Ministerio de Vivienda, han alcanzado ya a más de 290.000 personas desde 2021. La extensión de los incentivos fiscales por obras de mejora energética en viviendas prolonga su aplicación a las actuaciones realizadas en los años 2025 y 2026.
Deducciones por rehabilitación energética de vivienda
Esta deducción se aplica a las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que permitan lograr determinadas mejoras en la eficiencia energética de la vivienda habitual, de inmuebles alquilados o con previsión de alquilarlos, así como en edificios residenciales, siempre que dichas mejoras se acrediten mediante certificado de eficiencia energética.
Entre 2021 y 2024, periodo en el que ya estuvieron vigentes estas ventajas fiscales, se registraron 291.763 declaraciones, con un beneficio medio de 1.918 euros por contribuyente, lo que supone actuaciones de mejora energética en 203.756 inmuebles.
Las deducciones por rehabilitación energética incluyen un 20% para obras que reduzcan al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda habitual, alquilada o en expectativa de alquiler. También contemplan un 40% para intervenciones que recorten un 30% el consumo de energía primaria no renovable o permitan alcanzar una calificación energética A o B. Ambas ayudas estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de este año.
Además, el texto prevé una deducción del 60% para edificios de uso mayoritariamente residencial que consigan reducir al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable o lograr una calificación energética A o B. Esta última ayuda se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.
Impulso a la vivienda pública y asequible
Finalmente, el decreto introduce una modificación legal para favorecer la promoción de vivienda pública y asequible, mediante cambios en la Ley de Contratos del Sector Público que facilitan la construcción de vivienda a precios moderados en suelos de titularidad pública.
Con esta reforma se pretende avanzar en la simplificación y flexibilización del marco jurídico, de forma que resulte más sencilla la aplicación de las distintas fórmulas de colaboración público-privada contempladas en la Ley de Vivienda de 2023.
De este modo, la norma establece ahora particularidades específicas para los contratos de concesión cuyo objeto sea la construcción o rehabilitación sobre suelo o inmuebles públicos destinados a vivienda social o a precios asequibles.