El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves al decreto ley del Gobierno con medidas fiscales para amortiguar el impacto económico de la guerra en Irán. El texto ha salido adelante con el rechazo exclusivo de Vox, la abstención de PP y Podemos y el respaldo del resto de grupos de la Cámara.
Como ocurre con todos los decretos ley, la norma estaba en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros, el pasado viernes 20 de marzo, pero debía ser refrendada por el Congreso en el plazo máximo de treinta días, trámite que se ha completado en esta sesión. Además, el hemiciclo ha acordado que el decreto continúe su tramitación como proyecto de ley.
El paquete aprobado reúne 80 medidas y prevé movilizar 5.000 millones de euros. Entre ellas, el Real Decreto-ley contempla la rebaja del IVA del 21% al 10% para carburantes, electricidad, gas natural, briquetas y 'pellets', la congelación del precio máximo de venta del butano y el propano y la recuperación de la bonificación del 80% de los peajes eléctricos para la gran industria.
Se fija el IVA en el 10% y se reducen los tributos que inciden en el precio de la gasolina y el gasóleo hasta el umbral mínimo que permite la directiva europea. En la factura eléctrica, a la bajada del IVA se suma la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5% establecido por la Unión Europea.
Ayuda de 20 céntimos por litro a los sectores más golpeados
El decreto también rebaja el tipo del impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo autorizado y, para los sectores más castigados por la crisis, como transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, fija una ayuda de veinte céntimos por cada litro de gasóleo profesional que utilicen en su actividad. Esta compensación será gestionada por la Agencia Tributaria y por las haciendas forales del País Vasco y Navarra.
A esta medida se suma una ayuda de cuantía equivalente destinada a la adquisición de fertilizantes, con el objetivo de que "esos sectores tan importantes puedan capear esta crisis y para contener todo lo posible los precios de la cesta de la compra", ha señalado el presidente.
Veto a los despidos por la guerra y más control sobre los beneficios empresariales
El plan de respuesta del Ejecutivo frente a las consecuencias de la guerra en Irán incorpora la prohibición de que las empresas lleven a cabo despidos objetivos amparándose en causas económicas derivadas del conflicto en Oriente Próximo. Esta restricción afectará también a las compañías que reciban ayudas públicas vinculadas a la guerra.
Asimismo, se refuerzan las competencias de supervisión y sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evitar que las empresas beneficiarias de las ayudas del plan de respuesta a la guerra en Irán obtengan ganancias indebidas. El paquete incluye, además, un control más estricto de los márgenes de las compañías suministradoras de carburantes.
En concreto, el Gobierno de coalición ha decidido intensificar la vigilancia de los márgenes empresariales de estas firmas a través de la CNMC y habilitar al Consejo de Ministros para imponer límites a sus beneficios cuando resulte necesario.
Incentivos fiscales al autoconsumo, las bombas de calor y el vehículo eléctrico
Otra de las patas del decreto es un bloque de deducciones fiscales orientadas a promover el autoconsumo energético y la instalación de bombas de calor.
Estas deducciones, aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se dirigen a la colocación de placas solares, puntos de recarga, bombas de calor o sistemas de climatización en edificios, y se encuadran en el componente del plan de carácter más "naturaleza estructural". Igualmente, se prevén deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.
El decreto amplía también las ayudas para la rehabilitación de vivienda que, según el Ministerio de Vivienda, han beneficiado ya a más de 290.000 personas desde 2021. La prórroga de los incentivos fiscales por obras de mejora energética en viviendas extiende su aplicación a las actuaciones realizadas en los años 2025 y 2026.
Deducciones por obras de mejora energética en vivienda
La deducción se aplica sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que permitan alcanzar determinadas mejoras de eficiencia energética en la vivienda habitual, en inmuebles destinados al alquiler o con intención de alquilarlos, así como en edificios residenciales, siempre que se acredite mediante certificado de eficiencia energética.
Entre 2021 y 2024, periodo en el que estas deducciones ya estuvieron vigentes, se presentaron 291.763 declaraciones, con un beneficio medio de 1.918 euros por contribuyente, lo que supuso la acreditación de obras de mejora energética en 203.756 inmuebles.
Las deducciones por rehabilitación energética contemplan un 20% para las obras que reduzcan al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda habitual, alquilada o en expectativa de alquiler. Incluyen también un 40% para las actuaciones que disminuyan un 30% el consumo de energía primaria no renovable o que consigan una calificación energética A o B. Ambas ayudas están vigentes hasta el 31 de diciembre de este año.
Además, el texto incorpora una deducción del 60% para edificios de uso mayoritariamente residencial que logren reducir, como mínimo, un 30% el consumo de energía primaria no renovable o alcancen una calificación energética A o B. Esta deducción se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2027.
Impulso a la vivienda pública y asequible
Finalmente, el decreto introduce una modificación legal dirigida a acelerar la promoción de vivienda pública y asequible. Para ello, se cambia la Ley de Contratos del Sector Público con el fin de favorecer la construcción de vivienda a precios asequibles en suelos de titularidad pública.
El objetivo es avanzar en la simplificación y flexibilización del marco jurídico para facilitar el uso de las distintas fórmulas de colaboración público-privada previstas en la Ley de Vivienda de 2023.
La norma fija ahora una serie de particularidades para los contratos de concesión cuyo objeto sea la construcción o rehabilitación sobre suelo o inmuebles públicos destinados a vivienda social o a precios asequibles, con la intención de agilizar estos proyectos.