El PNV ha reclamado este lunes al Gobierno central que los arrendadores que solo disponen de una vivienda en alquiler queden excluidos de las medidas antidesahucio previstas en el decreto ley que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana dentro de la prórroga del escudo social hasta 2026.
El Ejecutivo alcanzó este lunes un acuerdo con EH Bildu para extender dicho escudo social, que contempla la prohibición de los desahucios y del corte de suministros esenciales como el agua o la electricidad a personas en situación vulnerable.
En este escenario, el PNV plantea que el escudo social se amplíe también a los propietarios con una única vivienda alquilada, de forma que sea el Estado quien asuma la responsabilidad y garantice una alternativa habitacional a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Escudo social también para los propietarios
“Lo que pedimos, en definitiva, es un doble escudo social para proteger también a los y las propietarias, que no están siendo tenidas en cuenta a la hora de plantear estas medidas”, ha defendido la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. La formación sostiene que esta iniciativa responde igualmente a la necesidad de reactivar el mercado del alquiler, que está “muy mermado” con el consiguiente aumento de precios.
Según Vaquero, las políticas de vivienda aprobadas hasta ahora “sólo sirven para retraer la oferta del alquiler”, ya que muchos propietarios que ponen su piso en el mercado acaban asumiendo situaciones de vulnerabilidad que consideran ajenas.
Ante este escenario, el PNV argumenta que numerosos dueños optan por no alquilar sus inmuebles o por no hacerlo a familias sin avales o sin una solvencia acreditada a largo plazo, ha explicado la portavoz. “Así las familias vulnerables se quedan fuera del mercado y es justo lo que intentamos evitar”, ha remachado.
Crítica a la mezcla de medidas en un mismo decreto
Por otra parte, Vaquero ha censurado que el Gobierno agrupe en un mismo decreto ayudas sociales y coyunturales con medidas de carácter estructural que podrían recabar un respaldo amplio en el Congreso, como la subida de las pensiones, las prestaciones familiares, las mejoras de las cotizaciones a la Seguridad Social o la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), además de otras disposiciones fiscales que no se aplican en Euskadi.
En esta línea, la portavoz recalca que su partido “siempre está del lado de quienes lo necesitan”, pero considera que la extensión del escudo social debe llevarse a cabo “sin populismos y de acuerdo con las circunstancias”.