El Congreso rechazó este martes, con los votos de PP, Vox y Junts, la proposición de ley registrada por Sumar que pretendía impedir los despidos colectivos en compañías que trasladen su actividad industrial, productiva o de negocio a países situados fuera de la UE o del Espacio Económico Europeo.
En la votación, Coalición Canaria optó por la abstención y el resto de grupos respaldó la iniciativa, de modo que el resultado final fue de 178 votos en contra, 168 a favor y una abstención.
Además de vetar los despidos, el texto legislativo planteaba que las empresas estuvieran obligadas a devolver las ayudas públicas percibidas en los cuatro años anteriores y que los sindicatos pudieran intervenir en las negociaciones y pactos vinculados a los procesos de venta o transmisión de empresas y unidades productivas.
Tras el Pleno, la portavoz del grupo plurinacional, Verónica Martínez Barbero, compareció para censurar el voto de “las derechas” en contra de “la industria y los empleos industriales”. Sostuvo que el marco que recogía la proposición era uno en el que “nadie debería poder votar en contra” y acusó a los partidos que la han rechazado de no querer “hablar de la España real” de la clase trabajadora.
Críticas del PP, Vox y Junts a la propuesta de Sumar
Durante el debate, la diputada del PP María Isabel Prieto argumentó que la iniciativa era “desproporcionada” para las empresas, suponía una “injerencia” en su capacidad de organización y añadía “más obligaciones y cargas burocráticas” a su funcionamiento.
Prieto recalcó además que una reforma de este calado debe nacer del consenso en el diálogo social: “Lo que tienen que hacer es dejar trabajar a las empresas y crear las condiciones para mejorar los derechos de los trabajadores”, remató la parlamentaria popular.
El diputado de Vox Juan José Aizcorbe rechazó la obligación de reintegrar las ayudas públicas, al entender que se trata de una medida “muy amplia” que podría castigar decisiones empresariales legítimas, y reprochó que el proyecto sólo contemplase las deslocalizaciones hacia territorios extracomunitarios.
Desde Junts, el diputado Josep Maria Cervera acusó a Sumar de tener una “mirada míope” en la defensa del trabajador y sostuvo que, “con el comodín de la protección del trabajador”, se termina configurando un marco normativo “más rígido”.
PSOE y aliados respaldan la iniciativa de Sumar
En el lado contrario, la diputada del PSOE María Luisa Sanz Martínez afirmó valorar “favorablemente” la proposición, aunque subrayó que la Ley de Industria que impulsa el Gobierno va “mucho más allá” de lo planteado por Sumar.
A su juicio, el proyecto del Ejecutivo, pendiente de aprobación desde la pasada legislatura y ya excluido del paquete de normas imprescindibles para acceder a los fondos europeos, no sólo busca mitigar los efectos de la deslocalización, sino también preservar la actividad existente y atraer nuevas inversiones, reforzando así el empleo y la cohesión social y territorial.
La portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, defendió que la propuesta se tramitara en el Parlamento, recordando que en Francia y Alemania existen herramientas similares y compartiendo la idea de que, cuando se destruye empleo, el Estado “no puede ser un espectador pasivo”.
El portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, también expresó su apoyo, pero reclamó ir más lejos con la devolución de ayudas públicas y que las empresas que abandonen un territorio reintegren las subvenciones recibidas en los últimos diez años, y no sólo en los cuatro previos, como planteaba Sumar.
En la misma línea, el diputado del BNG, Néstor Rego, y el de Podemos, Javier Sánchez Serna, anunciaron su respaldo a la admisión a trámite, aunque juzgaron que la propuesta se queda algo “escasa” y debería endurecerse frente a las compañías que deslocalizan su producción.
Por su parte, el portavoz de asuntos laborales de Esquerra Republicana (ERC), Jordi Salvador, garantizó el apoyo de su grupo a la ley con el objetivo de poner fin al “abuso de poder” y al “feudalismo moderno” que, según denunció, ejercen las empresas en este tipo de procesos.