Ampliación | PP, Vox y Junts bloquean la ley de Sumar que vetaba despidos en deslocalizaciones empresariales

PP, Vox y Junts frenan en el Congreso la ley de Sumar que buscaba vetar despidos colectivos y exigir la devolución de ayudas en deslocalizaciones.

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El Congreso ha rechazado este martes, con los votos de PP, Vox y Junts, la proposición de ley registrada por Sumar que pretendía impedir los despidos colectivos en compañías que decidieran trasladar su actividad industrial, productiva o de negocio a países situados fuera de la UE o del Espacio Económico Europeo.

En la votación, Coalición Canaria optó por la abstención, mientras que el resto de grupos respaldó el texto, arrojando un resultado final de 178 votos en contra, 168 a favor y una sola abstención.

Además del veto a los despidos, la iniciativa contemplaba la obligación de que las empresas devolvieran las ayudas públicas percibidas en los cuatro años anteriores y abría la puerta a que los sindicatos participaran en las negociaciones y acuerdos de los procesos de venta o transmisión de compañías y unidades productivas.

Tras el Pleno, la portavoz del grupo plurinacional, Verónica Martínez Barbero, compareció para reprochar el voto de “las derechas” en contra de “la industria y los empleos industriales”. Sostuvo que el marco que planteaba la proposición era uno en el que “nadie debería poder votar en contra” y acusó a las formaciones que la han frenado de no querer “hablar de la España real” de la gente trabajadora.

Críticas del PP, Vox y Junts a la propuesta

Durante el debate, la diputada del PP María Isabel Prieto argumentó que la propuesta era “desproporcionada” para las empresas, suponía una “injerencia” en su capacidad de organización y añadía “más obligaciones y cargas burocráticas” al funcionamiento empresarial.

Prieto recalcó además que una reforma de este calado debería nacer del diálogo social: “Lo que tienen que hacer es dejar trabajar a las empresas y crear las condiciones para mejorar los derechos de los trabajadores”, remachó.

Desde Vox, el diputado Juan José Aizcorbe rechazó la obligación de devolver ayudas públicas al considerarla una medida “muy amplia” que podría castigar decisiones empresariales legítimas, y afeó que la proposición solo se centrase en deslocalizaciones hacia territorios ajenos a la UE.

En nombre de Junts, Josep Maria Cervera acusó a Sumar de tener una “mirada míope” en la defensa del trabajador y advirtió de que, “con el comodín de la protección del trabajador”, se termina endureciendo el marco normativo y haciéndolo “más rígido”.

Apoyos de PSOE, PNV, Bildu, ERC, Podemos y BNG

En el bloque favorable, la diputada del PSOE María Luisa Sanz Martínez afirmó valorar “favorablemente” la proposición, aunque subrayó que la Ley de Industria que impulsa el Gobierno va “mucho más allá” de lo planteado por Sumar.

A su juicio, el proyecto del Ejecutivo, pendiente de aprobación desde la pasada legislatura y ya retirado de la lista de normas clave para acceder a los fondos europeos, no solo busca mitigar los efectos de la deslocalización, sino también preservar la actividad ya instalada y atraer nuevas inversiones, reforzando el empleo y la cohesión social y territorial.

La portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, defendió que la Cámara tramitase la propuesta, recordando que en Francia y Alemania existen mecanismos similares y compartiendo la idea de que, cuando se destruye empleo, el Estado “no puede ser un espectador pasivo”.

El portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, también expresó su apoyo, pero reclamó ir más lejos en la devolución de ayudas públicas, de forma que las empresas que se marchen de un territorio tengan que reintegrar las subvenciones recibidas en la última década, y no solo en los cuatro años fijados por Sumar.

En la misma línea, el diputado del BNG, Néstor Rego, y el de Podemos, Javier Sánchez Serna, anunciaron su voto favorable a la toma en consideración, si bien consideraron que la iniciativa se queda algo “escasa” y que habría que endurecerla frente a las compañías que deslocalizan su producción.

Por su parte, el portavoz de asuntos laborales de Esquerra Republicana (ERC), Jordi Salvador, confirmó el apoyo de su grupo a la proposición de ley con el objetivo de acabar con el “abuso de poder” y el “feudalismo moderno” que, a su juicio, ejercen las empresas en este tipo de procesos.