QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha comunicado este viernes que la Junta de Andalucía, junto a la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) y la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (Andmupes), han establecido un acuerdo para defender el sector pesquero andaluz, rechazando la propuesta de un Total Admisible de Capturas (TAC) para la gamba roja en el Mediterráneo para el año 2026.
El acuerdo será presentado el próximo lunes a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como parte de una petición que el consejero ha descrito como «justa y legítima».
«Desde la Junta de Andalucía queremos dejar muy claro nuestro apoyo firme al sector de la pesca de arrastre del Mediterráneo andaluz, un sector que está siendo injustamente tratado por la Comisión Europea», declaró el consejero, criticando «la continua reducción de días de pesca y las restricciones impuestas en los últimos años».
Además, enfatizó que «la pesca debe ser sostenible, pero también tiene que ser viable y rentable. No aceptamos la imposición de un TAC en 2026. El pesquero andaluz sabe que cuenta con el respaldo total y absoluto de su Gobierno».
INFORMES CIENTÍFICOS QUE LO AVALAN
Según la Junta, recientes estudios de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, del Instituto Español de Oceanografía y del Instituto Catalán del Mar avalan la recuperación del ‘stock’ de gamba roja y la sostenibilidad de la actividad.
«Los datos científicos más actuales demuestran que la gamba roja se encuentra en niveles biológicos seguros y que los caladeros se están recuperando gracias al esfuerzo del propio sector», destacó el consejero.
«La flota andaluza ha soportado una reducción de más del 40 por ciento en los días de actividad, la implantación de mallas más selectivas y diversas limitaciones adicionales» que, según José María Gallart, presidente de Faape, «han provocado un estrangulamiento progresivo del sector, que necesita viabilidad económica para sobrevivir».
La Administración autonómica y las organizaciones pesqueras firmantes apoyan un modelo de gestión basado en el control del esfuerzo pesquero, las vedas y las medidas técnicas, en lugar de un sistema de cuotas o volumen que consideran perjudicial e innecesario.
