La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda sostiene que la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, “se ha hecho con el máximo rigor”, y mantiene la confianza en que, “si hay alguna duda por parte del Gobierno de España” sobre su contenido, “se aclararán y resolverán en el seno de la comisión bilateral” que reúne a ambas administraciones, con el objetivo de evitar un posible recurso del Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional (TC) contra dicha norma.
Fuentes del departamento que encabeza Rocío Díaz han indicado a Europa Press este lunes que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía han decidido “iniciar negociaciones” para tratar de frenar un recurso del Ejecutivo central ante el TC por las “discrepancias” existentes en torno a 16 artículos y una disposición de la ley andaluza, aprobada en el Pleno del Parlamento autonómico el 2 de diciembre de 2025 con el respaldo del Grupo Popular y el voto en contra de los grupos de la oposición.
Las “discrepancias” entre ambas administraciones afectan a los artículos 4, 13, 14, 24, 31, 40, 49, 50, 51, 52, 63, 64, 66, 89, 90 y 96, así como a la disposición final tercera de la norma, según figura en un acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, fechado el 23 de marzo y publicado este lunes, 13 de abril, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
"Una ley hecha con el máximo rigor"
El documento está firmado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Gobierno andaluz, Antonio Sanz.
Desde la Consejería de Fomento inciden en que la Ley de Vivienda de Andalucía “se ha hecho con el máximo rigor, en un proceso que ha tenido mucho diálogo y, a la par, ha sido supervisado de manera meticulosa” por sus “servicios jurídicos”.
En la misma línea, el departamento que dirige Rocío Díaz asegura estar “seguros” de que, “si hay alguna duda por parte del Gobierno de España”, estas “se aclararán y resolverán en el seno de la comisión bilateral”.
Cuestiones técnicas y formales
Asimismo, la Consejería de Fomento subraya que “la discrepancia presentada por el Ministerio de Política Territorial no entra en el fondo de la Ley de Vivienda de Andalucía, sino en cuestiones formales y técnicas”.
“No es una cuestión que afecte al marco normativo que hemos estado diseñando de la mano del sector, los agentes sociales y económicos y los grupos parlamentarios”, han concluido desde la Consejería de Vivienda.