El Gobierno de Andorra ha presentado este lunes un ambicioso proyecto de modificación del Código Penal que incluye, por primera vez, la consideración de los actos sexuales remunerados a distancia a través de Internet como prostitución. La medida afecta a plataformas como OnlyFans y otras similares, donde usuarios pagan por contenido sexual interactivo.
La ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, explicó que los cambios buscan adaptar la legislación a la transformación tecnológica y a nuevas formas de criminalidad digital y transnacional, asegurando una respuesta “adecuada, proporcional y coherente”.
Sanciones y persecución del proxenetismo online
Según el proyecto, los consumidores de contenido sexual a distancia podrían recibir sanciones administrativas, mientras que el proxenetismo será castigado con penas de 2 a 5 años de prisión. La facilitación o el favorecimiento de estas conductas acarreará entre 3 meses y 3 años de cárcel.
Molné también anunció que la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento o la manipulación de material para aparentar actos sexuales será considerada acoso sexual, con penas que oscilan entre 3 meses y 3 años de prisión. Además, se penaliza la provocación y la conspiración en estos delitos.
Protección reforzada para menores
La reforma eleva la edad de consentimiento sexual de 14 a 16 años, alineándose con estándares europeos e internacionales para garantizar la protección de los menores frente a abusos. La excepción será para relaciones entre jóvenes con una diferencia de edad de hasta cinco años.
Asimismo, se tipifica como pornografía infantil cualquier representación visual de personas que aparenten ser menores participando en conductas sexuales, reales o simuladas, con penas de hasta 4 años de prisión. También se sancionará la tentativa de asistencia a espectáculos sexuales con menores o personas con discapacidad, con penas de hasta 2 años.
Lucha contra la corrupción y responsabilidad corporativa
El proyecto incluye por primera vez la tipificación de la corrupción en el sector privado, con penas de 3 meses a 3 años e inhabilitación profesional de hasta 3 años. Además, se contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de tráfico de seres humanos, corrupción, blanqueo de dinero, delitos contra la salud pública, medio ambiente y otros.
Molné destacó que estas reformas permitirán que Andorra firme y ratifique el Convenio de la ONU contra la corrupción, adoptado en Mérida, México, y considerado el estándar internacional en la lucha integral contra la corrupción.