La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha solicitado a los grupos parlamentarios en el Congreso un ‘esfuerzo de consenso’ para aprobar el decreto destinado a fortalecer el sistema eléctrico y prevenir cortes de luz como el sucedido el 28 de abril, ya que estas medidas ‘afectan de manera directa a las economías domésticas de las familias españolas’.
La entidad expresó en un comunicado este miércoles que entiende las luchas políticas en tiempos difíciles como los que vive España, pero criticó que ‘no comparte que dichas tensiones lleguen de manera tan directa y lesiva a los ciudadanos’.
El martes, el Congreso rechazó el denominado ‘decreto antiapagones’ debido a los votos en contra de varios partidos políticos.
BATERÍA DE MEDIDAS ‘VALIOSAS PARA EL CONJUNTO DE LOS ESPAÑOLES’
Anpier destacó que el Real Decreto Ley incluía una serie de medidas ‘valiosas para el conjunto de los españoles’ y una ‘disposición clave para las 62.000 familias pioneras de la fotovoltaica en España, puesto que resolvía -al menos de forma temporal- una disfunción normativa que penaliza económicamente a dicho colectivo’.
La asociación explicó que los pioneros en la producción fotovoltaica en España reciben una compensación por sus inversiones en esta tecnología, que ahora provee una fuente de energía limpia y económica. Sin embargo, una normativa posterior impone que en horas de precios negativos o cero ‘estas plantas no están en funcionamiento, cuando sí lo están, lo que obliga a los productores a devolver sus ingresos por incumplir este compromiso, cuando no lo están incumpliendo’.
‘Este absurdo y lesivo desajuste regulatorio era el que encontraba solución en el Real Decreto Ley que ahora queda sin efectos’, resaltó la organización.
Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, enfatizó la importancia de considerar el impacto de cada normativa en los ciudadanos y urgió a los grupos parlamentarios ‘a reparar este desajusta grave para tantas familias en la primera ocasión que sea posible’. Además, instó al Gobierno a actuar para ‘evitar el desastre económico que una interpretación inadecuada de una norma posterior a la regulación’ puede ocasionar, ‘tal y como se justificaba en el propio Real Decreto Ley que ahora ha quedado sin efecto’.