Anpier solicita una intervención inmediata ante el nuevo recorte a los ingresos de los productores fotovoltaicos históricos

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que implemente una “solución urgente” para corregir la “disfunción normativa” que representa el “enésimo recorte de ingresos” para los pioneros en la producción fotovoltaica.

Según un comunicado emitido por Anpier este miércoles, aproximadamente 62.000 familias españolas, convocadas por un “llamamiento del Estado”, desarrollaron la tecnología fotovoltaica bajo un régimen que inicialmente era “sencillo y previsible”. Sin embargo, este marco sufrió hasta diez modificaciones retroactivas que redujeron las compensaciones garantizadas por el Estado en un 30% de media, sumándose ahora un nuevo recorte.

Anpier ha indicado que, aunque estas instalaciones pioneras reciben compensaciones por sus inversiones en fotovoltaica, lo cual ha permitido disponer de una tecnología limpia y económica que ha reducido significativamente los costos energéticos, deben demostrar su “óptimo funcionamiento” mediante un cierto número de horas de producción energética al año. No obstante, según una interpretación del regulador de una norma de 2018, estas horas no cuentan cuando el mercado muestra precios cero o negativos, aun cuando “operan con absoluta normalidad”, según reporta Anpier.

Esta situación ha llevado a que estos productores deban devolver ingresos por supuestamente no cumplir con los compromisos, aunque en la práctica sí lo hacen. Anpier ha descrito este fenómeno como un “absurdo y lesivo desajuste regulatorio”. Además, el problema había encontrado una “solución parcial” en el Real Decreto Ley Antiapagones, que no prosperó en el Congreso el pasado 22 de julio.

Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, ha expresado su frustración por los continuos cambios normativos y recortes que ha enfrentado el sector, agregando que desde la no convalidación del decreto, las 62.000 familias afectadas enfrentan una gran incertidumbre sin una solución a la vista.