La Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones (Aotec) está considerando iniciar acciones legales debido al aumento de precios aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la oferta MARCo, que establece los costos que otras empresas deben abonar para utilizar las infraestructuras físicas de Telefónica (como conductos, arquetas y postes), según informó la asociación a través de un comunicado.
Desde principios de este mes, el incremento en el precio de la oferta MARCo oscila entre el 11% y el 14,6%. Aotec ha realizado un «análisis en profundidad» de esta decisión de la CNMC y piensa presentar el caso ante la Audiencia Nacional para «presentar el conflicto sobre el incremento de costes», considerando que esto representa un «ataque a la capacidad de competir del resto de las empresas del sector».
Aunque el aumento final fue menor al propuesto inicialmente por la CNMC, la asociación sigue viéndolo como «excesivo» y argumenta que la legislación no requería una revisión de precios tan pronto, por lo que califica la medida de «extemporánea».
Importante mencionar que Meinrad Spenger, CEO de MasOrange, criticó a finales del año pasado que la propuesta de la CNMC para aumentar la oferta MARCo se realizó «pocos meses después» de la entrada del Gobierno en Telefónica. «Una subida de costes daña la capacidad de competir de los operadores en un mercado donde el precio al cliente final está continuamente a la baja, por lo que una subida en el acceso de las infraestructuras afecta directamente a los márgenes de resultados del conjunto de las empresas que utilizan los conductos y postes de Telefónica, que sería la única beneficiaria de este incremento de precios», señaló Aotec.
Además, la asociación opina que los precios de la oferta MARCo deberían haber disminuido debido a factores como el nivel de amortización de la red o el volumen de infraestructuras subvencionadas. Desde hace meses, Aotec ha expresado su oposición al encarecimiento de la oferta MARCo y, de hecho, en febrero pasado comunicó a la Comisión Europea la «oposición unánime del sector de las telecomunicaciones» al aumento en el acceso a las infraestructuras físicas de Telefónica.