La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) ha expresado que es urgente y prioritario impulsar el biogás y el biometano, elementos esenciales para la descarbonización del sistema energético en España.
En una nota, la organización ha comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, ante la negativa del Congreso al Real Decreto-ley 7/2025, que debía haber facilitado medidas para acelerar la transición energética, el 75% de la energía consumida en España sigue sin ser eléctrica, y que el sistema gasista también debe alinearse con los objetivos climáticos y de independencia energética.
Después de que se rechazara en la Cámara Baja el mencionado real decreto-ley antiapagones, APPA Renovables ha pedido no solo impulso para la electricidad renovable, sino también una apuesta por priorizar el desarrollo del biogás y el biometano en el país.
ALERTA DE POSIBLES PRÁCTICAS DE ‘GREENWASHING’
En este sentido, APPA Biogás está comprometida en que los gases renovables ayuden a descarbonizar el sector gasista, aunque advierte sobre posibles prácticas de ‘greenwashing’.
«España no ha hecho los deberes a la hora de descarbonizar su energía, ha puesto el foco en el sistema eléctrico, donde se está avanzando rápido, pero tenemos que trabajar sobre la sustitución directa de consumos fósiles. El 21,6% de nuestra energía primaria es gas y sólo un 0,15% de esto, menos del 0,04% del total, es biogás y biometano», enfatizó José María González Moyá, director general de APPA Renovables.
Asimismo, la asociación resaltó que los proyectos de biogás y biometano en España continúan enfrentándose a barreras sociales, regulatorias, ambientales, de acceso a la red gasista y problemas de conexión eléctrica, que dificultan su desarrollo.
En la actualidad, en España hay solo 17 plantas de biometano operativas con puntos de inyección en el sistema gasista, mientras que en Francia hay cerca de 700 y en Alemania más de 11,000 instalaciones de biogás.
Por esta razón, APPA Biogás ha solicitado un marco normativo estatal que incluya un régimen económico que asegure la viabilidad de estas instalaciones, homogeneice criterios medioambientales y regulatorios, y establezca una ventanilla única para agilizar trámites, garantizando un derecho efectivo de acceso e inyección a la red gasista.