El Consejo de Ministros ha dado luz verde, mediante un Real Decreto-ley, a un incremento salarial del 2,5% para los empleados públicos, pactado previamente para el presente año con los sindicatos UGT y CSIF, aunque CCOO aún está considerando su adhesión al acuerdo. Este aumento tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero.
Adicionalmente, el decreto aprobado establece un aumento del 1,5% a partir del 1 de enero de 2026. Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, ha recordado en una rueda de prensa que estos ajustes salariales para 2025 y 2026 son parte de un incremento total del 11% acordado para el período 2025-2028 con UGT y CSIF.
Este 11% se distribuirá de la siguiente manera: un aumento del 2,5% para este año; 1,5% en 2026, más un 0,5% adicional vinculado al IPC; 4,5% para 2027 y 2% para 2028. El pago del aumento de 2023 será efectuado este mes, cubriendo desde el inicio del año en un solo desembolso, y para 2026 se contempla un aumento fijo del 1,5%, posiblemente incrementado en un 0,5% si la inflación supera o iguala esta cifra al cierre del año.
De ser necesario, el 0,5% adicional se pagaría en el primer trimestre de 2027 con carácter retroactivo. López ha enfatizado que este acuerdo afecta a todas las administraciones públicas en España, que suman aproximadamente 3,5 millones de empleados públicos, aunque el decreto solo regula el pago para los funcionarios de la Administración General del Estado.
Cada comunidad autónoma y ayuntamiento deberá decidir cómo implementar estos pagos. Algunas podrían optar por un único desembolso en diciembre, similar a la Administración General del Estado. Los sindicatos calculan que, debido al efecto acumulado de estos incrementos anuales, el aumento salarial total para el período 2025-2028 podría alcanzar el 11,5%.