El Consejo de Ministros, bajo la dirección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha dado el visto bueno al proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima. Este marco legal busca adecuar la legislación española a recientes actualizaciones en la normativa europea y potenciar la lucha contra prácticas ilegales en el sector.
La propuesta, que ahora comenzará su proceso de debate en las cámaras legislativas, tiene como principal objetivo fortalecer los mecanismos de control y supervisión para asegurar la adherencia a la Política Pesquera Común (PPC) y promover un desarrollo sostenible de la pesca.
Luis Planas, ministro competente en la materia, ha comentado que este proyecto representa “un paso adelante más dentro de la regulación” del sector y ha remarcado la importancia de este en el ámbito agroalimentario español.
Entre las nuevas medidas se incluyen la creación de un Plan Nacional de Control e Inspección y el fomento de la colaboración con otras entidades gubernamentales y con el sector pesquero para garantizar una gestión más eficiente y coordinada. Asimismo, se han establecido medidas específicas para el Centro de Seguimiento de Pesca, que desempeñará un papel crucial en este sistema reforzado de vigilancia.
Además, el proyecto legislativo introduce un sistema revisado de infracciones y sanciones que varía según la gravedad de la falta y añade una nueva categoría para infracciones menores, permitiendo un enfoque más equitativo y proporcional. También se contempla la responsabilidad de armadores y otros profesionales del sector, con el objetivo de promover una cultura de prevención y cumplimiento normativo.
Planas ha expresado su orgullo por el compromiso de la flota española con los más altos estándares de sostenibilidad y seguridad en todas sus operaciones pesqueras.
OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PESCA
Junto a este proyecto de ley, el Consejo también ha aprobado tres reales decretos que modifican y actualizan otras normativas esenciales para el sector. Estas incluyen ajustes en la gestión de la reserva marina de la isla de Alborán, la estandarización del tamaño mínimo permitido para la captura de pulpo y simplificaciones administrativas que beneficiarán la regulación de la flota pesquera y la obtención de títulos profesionales, respaldando así el relevo generacional.