CCOO ha arremetido este viernes contra el plan de traslado de servicios de ArcelorMittal a la India, que, según el sindicato, se ha multiplicado por tres respecto a la propuesta inicial y pasaría a afectar a casi 5.600 empleos distribuidos en 20 países, 450 de ellos en Asturias.
De acuerdo con un comunicado del comité de empresa europeo de la siderúrgica, la multinacional presentó el nuevo diseño del plan el jueves, durante un consejo de empresa europeo extraordinario. En ese encuentro, la compañía informó del arranque de una nueva fase de análisis orientada a deslocalizar de forma masiva las funciones de apoyo en todas las filiales europeas del grupo.
Para las organizaciones sindicales, esta iniciativa representa “un nuevo ataque frontal contra los trabajadores europeos, sin balance, sin evaluación y sin consideración por las consecuencias humanas, sociales e industriales”.
Además, han subrayado que el impacto no se limitaría a las plantillas directas de ArcelorMittal, sino que se extendería a numerosos puestos de trabajo indirectos, especialmente en el ámbito de la subcontratación, “muy movilizada en las funciones de apoyo”, han señalado.
El plan de deslocalización afectaría, entre otros, al personal informático (mantenimiento de sistemas, ciberseguridad, soporte de aplicaciones, infraestructuras) y a proveedores de ingeniería, servicios, logística, consultoría y mantenimiento.
En este contexto, las centrales han advertido de que “deslocalizar masivamente las funciones de soporte supone desconectar las decisiones y las competencias de la realidad sobre el terreno”. Igualmente, han remarcado que se trata de “una contradicción flagrante con el apoyo europeo”.
En relación con ese apoyo, recuerdan que ArcelorMittal recibe ayudas públicas tanto europeas como estatales, además de beneficiarse de los instrumentos comunitarios de defensa del mercado del acero. La compañía, insisten, opera en un sector que la UE considera estratégico para la soberanía industrial y la transición energética.
Por estas razones, las organizaciones sindicales reclaman la paralización inmediata de cualquier nueva deslocalización hasta que los procesos ya iniciados se hayan completado y evaluado. También exigen que se tenga en cuenta de forma efectiva el impacto sobre la subcontratación y el empleo indirecto vinculado a la empresa.