La operación impulsada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por presunta corrupción medioambiental vinculada a certificados de parques eólicos y fotovoltaicos se ha saldado con seis arrestados, entre ellos un antiguo alto responsable del Ministerio de Transición Ecológica y el propietario de la compañía Forestalia.
La “Operación Perserte” ha supuesto la práctica de doce registros, diez de ellos en Madrid y otros dos en Zaragoza, además de la detención de seis personas. La investigación se dirige a esclarecer posibles delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Según ha detallado la Guardia Civil en una nota de prensa, entre los implicados figura una persona que ejerció responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a quien se atribuye haber podido influir de forma irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales en la provincia de Teruel a cambio de mordidas.
Fuentes del caso consultadas por Europa Press han confirmado que el exalto cargo detenido es Eugenio Domínguez, antiguo subdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica. También ha sido arrestado el empresario Fernando Samper, dueño de Forestalia.
El procedimiento penal parte de la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), imprescindibles para tramitar proyectos de instalaciones eólicas y fotovoltaicas, y pone el foco en supuestas irregularidades y en el posible cobro de comisiones.
En particular, el exresponsable de Transición Ecológica está siendo investigado por recibir una contraprestación económica a cambio de su intermediación en la tramitación de estos certificados.
Para canalizar esos fondos y ocultar su procedencia, la Guardia Civil explica en su comunicado que los investigados habrían recurrido a varias sociedades interpuestas, contando presuntamente con la participación de un fedatario público en la formalización de documentación asociada a las operaciones bajo la lupa judicial.
En relación con los proyectos sometidos a análisis, la investigación también revisa si la tramitación ambiental valoró de forma adecuada los posibles efectos sobre el entorno, como la afección a la avifauna y quirópteros, el impacto paisajístico o la modificación de hábitats y usos del suelo. Las diligencias continúan en marcha y no se descartan nuevas actuaciones.
La operación está siendo desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), bajo la dirección del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel número 1, y en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel.
Otra unidad de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa (UCO), ya había registrado anteriormente dependencias de Forestalia por su presunta vinculación con el caso de la exmilitante del PSOE Leire Díez.