El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha manifestado este lunes en Salamanca que las medidas incluidas en el plan anticrisis del Gobierno resultan “netamente insuficientes” para compensar el fuerte aumento de los costes de producción ligado a la guerra en Oriente Medio.
En el marco de la Asamblea General Ordinaria, Barato ha arremetido contra el mecanismo de devolución de 20 céntimos por litro de gasóleo, al que ha calificado de “lioso”, al requerir justificantes del consumo anual y acotar su vigencia desde la fecha de publicación hasta el mes de junio.
El dirigente agrario ha añadido que el cálculo de las ayudas para fertilizantes se ha diseñado tomando como referencia las medidas aplicadas por la guerra de Ucrania, pese a que el escenario actual de costes es diferente. Ha detallado que, mientras entonces el gasóleo se situaba en un máximo de 1,35 euros, en la actualidad se aproxima a los 1,70 euros, al tiempo que los precios del trigo y la cebada han caído y se mueven entre los 180 y 200 euros, según la zona de España.
En esta línea, el presidente de Asaja ha remarcado que los principales beneficiados del contexto actual son las empresas que comercializan el gasóleo y el propio Estado a través de la recaudación fiscal. A su juicio, la situación del campo mejoraría de forma notable si se hubiera puesto en marcha una medida equivalente al 50 por ciento de lo que la Administración está ingresando por este concepto.
Por otro lado, el representante de Asaja en Bruselas, José María Castilla, ha reclamado un refuerzo del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para impedir que pierda relevancia dentro del actual marco financiero europeo. Castilla ha alertado de que la PAC no debe diluirse en un fondo en el que tenga que competir con otras políticas como el control de fronteras o la inmigración, y ha defendido un modelo profesional que suprima los límites de pagos con el fin de poder rivalizar en condiciones similares con acuerdos como el Mercosur.
Finalmente, Castilla ha tratado la cuestión de la clasificación de las enfermedades animales y ha explicado que la Comisión Europea no modificará la normativa sin un informe respaldado por la Organización Mundial de la Salud Animal. No obstante, ha señalado que Bruselas se muestra dispuesta a debatir si los animales vacunados que den positivo deben ser sacrificados o no, a la espera de que el Gobierno de España fije su posición definitiva sobre el modelo de PAC.