La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha pedido al Ministerio del Interior que urgentemente redacte una nueva orden ministerial o derogue el Real Decreto 933/2021 que regula el registro de viajeros.
Los representantes hoteleros han expresado su preocupación por los bloqueos operativos, confusión y mayores costes administrativos que enfrentan las pymes y turoperadores, instando a un diálogo inmediato con los ministerios de Interior y Turismo.
Jorge Marichal, presidente de CEHAT, señala que el sector turístico en España ha esperado demasiado tiempo para que se atiendan sus solicitudes y se considere la postura de los representantes europeos del sector.
Marichal sugiere que es fundamental que el Ministerio del Interior se reúna nuevamente con los representantes del sector para elaborar una orden ministerial ajustada a derecho o, por el contrario, derogue el Real Decreto 933/2021, creando un sistema ágil que permita cumplir los objetivos iniciales que se pretendían con la norma.
Desde hace tiempo, CEHAT ha estado en contra de este sistema que exige a los hoteles y plataformas turísticas recoger, guardar y compartir información de los viajeros con las autoridades. La confederación argumenta que esta normativa contraviene las leyes europeas sobre libre circulación y protección de datos, destacando una desproporción y una infracción del principio de minimización de datos.
Varias asociaciones turísticas europeas, incluyendo HOTREC, ECTAA, EFCO y RuralTour, han enviado escritos a la Comisión Europea (CE) criticando que estas prácticas en España no se aplican en otros países de la Unión Europea.
Además, se indica que los análisis legales han resaltado la falta de proporcionalidad y la vulneración del principio de minimización de datos. Esto, al mismo tiempo, ha generado problemas para turoperadores, agencias de viajes y pequeñas y medianas empresas, que se ven ante el dilema de si cumplir la legislación nacional o la europea, menciona la patronal.
CEHAT recuerda que el Ministerio del Interior se comprometió a redactar la orden ministerial antes de que el Real Decreto entre en vigencia en noviembre de 2024, prometiendo públicamente hacerlo en enero de 2025, un compromiso que no se ha cumplido.
Por estas razones, CEHAT enfatiza que estos reiterados incumplimientos por parte del Ministerio demuestran, una vez más, la inoportunidad y el error de imponer obligaciones de esta naturaleza a la principal industria del país.
Es necesaria, con toda urgencia, la recuperación del sentido común plasmado en una norma sencilla, proporcionada, ajustada a derecho y que permita cumplir los objetivos de mantenimiento e incremento de la seguridad en España, concluyen.