Varias asociaciones empresariales y de consumidores han alertado de que los denominados servicios de operación del sistema eléctrico están provocando un sobrecoste "invisible" que ha encarecido de forma notable la factura de la luz de hogares y compañías en los primeros meses de 2026.
De acuerdo con el Observatorio del Coste de los Servicios de Operación, entre el 1 y el 23 de abril los usuarios han abonado 23,58 euros por megavatio/hora (MWh) adicionales, lo que supone más de 320 millones de euros en ese intervalo y 1.800 millones en el acumulado del año, con jornadas en las que estos cargos han llegado a superar al propio precio mayorista de la electricidad.
Las organizaciones firmantes advierten de que uno de cada tres euros del coste eléctrico no procede del mercado mayorista, sino de estos servicios de operación, que se han transformado en un desembolso estructural y pueden representar hasta el 25% del coste de fabricación de productos en las industrias electrointensivas.
Relacionan el fuerte aumento de estos pagos con el uso intensivo de mecanismos extraordinarios como la "operación reforzada", que se ha extendido tras el apagón del 28 de abril, generando señales de precios distorsionadas que encarecen el suministro y lastran la competitividad de la economía española.
Ante este escenario, reclaman a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un mayor control y supervisión de estos costes, especialmente los vinculados al modo de "operación reforzada", cuya supresión consideran que permitiría un notable ahorro para los consumidores y liberaría capacidad para un aprovechamiento más eficiente de las energías renovables.
Solicitan igualmente que se difunda información detallada, periódica y fácilmente accesible sobre todos los conceptos asociados a la operación del sistema, junto con un plan de actuación que establezca una fecha límite para la aplicación de este modo reforzado.
Las asociaciones proponen, además, estudiar alternativas regulatorias que trasladen la financiación de estos servicios a los costes regulados del sistema eléctrico, de forma que se garantice su cobertura sin penalizar a la industria y se logre un equilibrio entre la seguridad de suministro y la competitividad industrial.
Suspensión permanente de los impuestos eléctricos
En el ámbito fiscal, urgen a consolidar de manera definitiva la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y del Impuesto Especial a la Electricidad, con el fin de evitar la reimplantación de cargas que encarezcan artificialmente la electricidad y dificulten el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.
Las entidades firmantes recalcan que el aumento de estos sobrecostes está afectando de forma negativa a la competitividad, las exportaciones y el empleo, por lo que exigen coherencia entre las decisiones operativas y regulatorias y las metas de reducción de costes, descarbonización y autonomía energética.
Respaldan esta iniciativa la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), la Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica (Acenel), la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), la Alianza por la Competitividad de la Industria Española y una confederación de consumidores, que reclaman una reforma estructural del marco energético para contener este sobrecoste.