Asteo, operador mayorista de fibra óptica neutra centrado en áreas rurales con muy baja densidad de población, finalizó 2025 con unos 320.500 hogares con acceso a su red de fibra. Esta cifra representa un crecimiento cercano al 48% frente a los casi 217.300 inmuebles con los que concluyó el ejercicio anterior, según ha explicado el consejero delegado de la compañía, Pedro Abad, en una entrevista con Europa Press.
Estos datos se apoyan en una inversión total cercana a los 73 millones de euros desde 2021 y se ajustan a las previsiones iniciales de despliegue de la empresa para 2025, que contemplaban un aumento de la cobertura de su red en torno al 50%.
Al mismo tiempo, la huella geográfica de la infraestructura de Asteo también se ha ampliado. Al cierre de 2025, su fibra llegaba a 716 municipios españoles, en su mayoría con menos de 1.000 habitantes, frente a los 496 de finales del año previo, lo que supone 220 localidades adicionales y un incremento interanual del 44%.
Los trabajos de despliegue se han focalizado principalmente en Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha, aunque Abad ha avanzado que la compañía está ya inmersa en los trámites para extender su red hasta la provincia de Cuenca a lo largo de este año.
Plan de inversión y objetivos hasta 2027
Las proyecciones de Asteo contemplan completar en el segundo trimestre de 2027 su fase inicial de inversión, dotada con 100 millones de euros de capital privado y otros 20 millones de financiación pública (13,5 millones procedentes de los programas “Único” del Gobierno para el despliegue de fibra en el entorno rural y 6,5 millones del programa Connecting Europe Facility).
De cara a finales de junio, la compañía prevé que su red de fibra neutra en zonas rurales alcance una cobertura aproximada de 420.000 hogares y esté presente en entre 900 y 1.000 municipios españoles.
Abad ha avanzado también que en 2026 Asteo pondrá el foco en intensificar la comercialización de su infraestructura. En este sentido, el año pasado Digi se incorporó al grupo de unas 20 operadoras que ya ofrecen servicios de conectividad sobre su red en el ámbito rural.
En la misma línea, el directivo ha señalado que en 2025 se ha homologado la red de Asteo para que pueda ser utilizada por la división de conectividad empresarial de Orange (B2B).
Asteo inició su actividad en 2021 y su principal accionista es el fondo europeo de infraestructuras CEBF (Connecting Europe Broadband Fund), gestionado por Cube Infrastructure Managers. Además, la empresa ha recibido diversas ayudas públicas para impulsar la extensión de la fibra en zonas rurales durante este periodo.
El modelo de negocio de la compañía se basa en el despliegue de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) XGS-PON, capaz de soportar velocidades de hasta 10 gigabits por segundo (Gbps), y en la construcción de redes interprovinciales. Actualmente dispone de 2.800 kilómetros de ‘backhaul’, 600 más que en 2024, lo que le permite ofrecer a cualquier operador de telecomunicaciones la posibilidad de comercializar servicios de voz, internet o televisión sobre sus infraestructuras.
Impacto del veto europeo a Huawei y ZTE
Por otra parte, Abad ha admitido que una parte mayoritaria de los equipos utilizados por Asteo para su red XGS-PON procede de fabricantes chinos, principalmente Huawei y ZTE.
En este contexto, a comienzos de esta semana la Comisión Europea dio un nuevo paso para presionar a los Estados miembros a la hora de excluir de sus redes de telecomunicaciones y otras infraestructuras críticas a proveedores extranjeros considerados de alto riesgo, como Huawei y ZTE. Para ello, Bruselas ha planteado convertir en obligatorias las recomendaciones de seguridad para las redes 5G que venía promoviendo de manera voluntaria desde hace años, con resultados desiguales entre los países del bloque.
Preguntado por el posible efecto de esa futura normativa sobre el negocio de Asteo, Abad ha subrayado que aún hay demasiadas incógnitas abiertas.
“¿Qué infraestructura se va a considerar? ¿Qué es infraestructura crítica? ¿Qué plazos de ejecución se acometerían? ¿Qué ámbito de responsabilidad tendría la operadora frente a una potencial normativa? Es decir, yo creo que ahora mismo es precipitado tomar una posición”, ha señalado.
“Esto tiene una magnitud tal que, cuando se baja al terreno, es de una magnitud económica que tiene muchas derivadas. La primera es que si esa normativa nos obligara a nosotros a reinvertir sobre una red desplegada, recientemente además, se restarían enormes recursos de seguir desplegando nuevas redes en territorios que tienen esa necesidad”, ha advertido.
En esa misma línea, el directivo se pregunta si, llegado ese escenario, se habilitaría algún tipo de programa de ayudas públicas específico para sustituir equipos de proveedores considerados de riesgo.
En cuanto al argumento para justificar esas posibles ayudas, Abad sostiene que tendrían más sentido si responden a una decisión de carácter geopolítico que si se plantean como un asunto de obsolescencia o de capacidades técnicas.
“Es un tema que hay que tomarlo con mucha tranquilidad, porque tiene muchas dimensiones”, ha advertido.