La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) ha pedido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que tenga listo con antelación un paquete de apoyo específico ante un posible encarecimiento de los carburantes derivado de la guerra en Irán, de forma que pueda ponerse en marcha de manera automática cuando se supere un umbral de precios previamente acordado.
La patronal plantea que estas medidas de respaldo al transporte se activen, por ejemplo, si el precio medio semanal del gasóleo en España, tomando como referencia los índices oficiales, repunta un 10% en un periodo de entre 2 y 3 semanas o si se desencadena una crisis de suministro.
Astic ha trasladado ya al Ministerio la necesidad de convocar con carácter urgente una reunión técnica en la que participen también Hacienda y las principales organizaciones del sector, con la finalidad de consensuar los niveles de referencia para la puesta en marcha y posterior retirada de este mecanismo.
La asociación de transportistas alerta de que una escalada de los carburantes podría derivar en “graves riesgos de erosión de los márgenes operativos” de las empresas españolas de transporte por carretera, generando tensiones de tesorería y cuellos de botella financieros que amenacen su viabilidad, dado que el diésel supone aproximadamente un tercio de los costes operativos de estas compañías.
Astic subraya que, aunque únicamente un 5% del petróleo y un 2% del GNL que recibe España transita por el Estrecho de Ormuz, cualquier interrupción o bloqueo en este paso estratégico se traslada con rapidez a las cotizaciones del crudo y del gasóleo, con un efecto inmediato sobre los costes de las empresas de transporte nacionales.
La patronal remite al antecedente de la invasión de Ucrania, cuando en 2022 el Gobierno puso en marcha un plan de respuesta de 16.000 millones de euros, de los que 1.000 millones se dirigieron al transporte por carretera, fundamentalmente mediante una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante y ayudas directas de 1.250 euros por camión.
“La experiencia de 2022 demostró dos lecciones clave: resulta más eficiente --tanto económica como operativamente-- sostener el tejido empresarial de este sector estratégico que intentar reconstruirlo tras impactos que podrían dañarlo gravemente en contextos coyunturales; y cuando el mecanismo es sencillo --como en el caso del abono directo del gasóleo profesional a través de Hacienda--, la medida llega efectivamente a las empresas y el sector puede resistir los shocks económicos”, explica.
Desde Astic señalan igualmente que los operadores de transporte están facultados para repercutir el aumento del coste del combustible a sus clientes en los contratos de prestación de servicios, al amparo del Real Decreto-Ley de marzo de 2022, que fijó la obligación de revisar de forma automática el precio del transporte cuando se registren variaciones en la cotización del diésel.