El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado este lunes un nuevo decreto que regula las viviendas vacacionales y de uso turístico en Asturias. La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Gimena Llamedo, ha detallado el alcance de la norma y ha señalado que, si con la Ley de Turismo se dio un primer paso, con este texto se da “un salto de calidad” para consolidar un modelo turístico alejado de la masificación y de la degradación de los recursos culturales y naturales.
“Queremos que Asturias tenga “un turismo que sume, en el que el control sea una cuestión fundamental y, sobre todo, para apostar por la convivencia”, dijo Llamedo en rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno.
El decreto persigue un triple objetivo: elevar el nivel de calidad de la oferta, favorecer la convivencia entre visitantes y residentes y atajar las actividades irregulares. La vicepresidenta ha remarcado que el texto se ha elaborado mediante un proceso de diálogo con los ayuntamientos y con el propio sector, y que viene a reforzar los estándares de calidad ya existentes, además de fijar reglas claras para impedir que ninguna actividad turística funcione al margen de la normativa.
“Desde inicios de la legislatura hemos dado pasos firmes para poner coto a la ilegalidad y coto a los alojamientos que operan fuera de la norma y también para preservar la convivencia y el derecho a la vivienda. Al inicio de esta legislatura creamos un servicio específico de inspección en la Viceconsejería de Turismo. La ley de turismo, como decía, fue aprobada en 2024 y ya estamos viendo resultados positivos”, dijo Llamedo.
Nuevas obligaciones para las viviendas turísticas
Entre las principales novedades del decreto, que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), figura la obligación de que toda vivienda de uso turístico incluya en cualquier tipo de anuncio o plataforma de comercialización su número de signatura del Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado, así como su ubicación exacta.
Asimismo, los alojamientos deberán proporcionar a los clientes información clara sobre las normas internas, accesos, condiciones de utilización, teléfonos de emergencia (policía, 112, bomberos y servicios sanitarios), horarios de entrada y salida y precios.
En materia de recepción, el decreto exige disponer de un servicio de atención a la clientela, ya sea presencial o a distancia. En consecuencia, se prohíbe la entrega de llaves mediante cajetines u otros dispositivos situados en la vía pública.
La regulación fija también requisitos concretos de calidad y seguridad para estas viviendas: al menos un baño por cada cuatro plazas, límites de ocupación en función de la superficie con un máximo de ocho plazas, botiquín, extintor de 6 kilogramos de polvo ABC por planta, acceso a internet o a una línea telefónica salvo en áreas sin cobertura, plano de evacuación, señalización de las salidas al exterior y un sistema de monitorización del ruido.
Además, los establecimientos deberán ofrecer servicios de reparación y mantenimiento, limpieza diaria (excepto en cocina y menaje) y cambio de lencería cada cuatro días, así como facilitar información turística sobre el entorno en el que se encuentran.
Los plazos para adaptarse a las nuevas exigencias se dividen en dos bloques: doce meses para cumplir con la ratio de baños y las superficies mínimas, y seis meses para el resto de requisitos.
Régimen sancionador y garantías para el sector
El decreto concreta también los periodos de suspensión que podrán imponerse en caso de incumplimiento, que irán de un mínimo de seis meses a un máximo de cuatro años. Entre las infracciones contempladas se incluyen la ausencia del certificado de la comunidad, la falta de seguro de responsabilidad civil, el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad o seguridad, o la falsedad en la declaración responsable.
“Quien cumple tiene seguridad jurídica con esta nueva normativa y quien no cumple sabe que hay un servicio de inspección y de sanción que además, como decía, ha incrementado las inspecciones de viviendas de uso turístico por más de diez en los últimos dos años, porque el respeto es la base de nuestro modelo turístico. Es cierto que la mayoría del sector cumple y que reforzando la inspección lo que hacemos es proteger la profesionalidad”, dijo Llamedo.