Asturias, Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha figuran entre las comunidades autónomas donde recibir una herencia supone un mayor coste fiscal en España, según un reciente estudio de la compañía de Defensa Jurídica Arag, que pone de manifiesto las fuertes diferencias tributarias entre territorios a la hora de afrontar una sucesión.
El informe, basado en tres escenarios de herencias familiares de 200.000, 500.000 y 1.000.000 euros dejadas a hijos, evidencia que la carga impositiva se incrementa de forma muy dispar en función de la comunidad autónoma en la que se produzca la transmisión del patrimonio.
Para una herencia de 200.000 euros, la normativa estatal fija una cuota cercana a los 5.500 euros, aunque en la práctica este marco general solo afecta a contribuyentes extranjeros residentes en España.
En la mayoría de comunidades la presión fiscal sobre este tipo de herencias es muy reducida y, en territorios como Madrid, Extremadura, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla, el importe a pagar no rebasa los 60 euros, gracias a reducciones y bonificaciones por parentesco que prácticamente anulan el impuesto para patrimonios de menor volumen.
Las divergencias se hacen más notorias en herencias de 500.000 euros. En este tramo, Andalucía, Baleares, Cantabria, Galicia y Canarias apenas exigen desembolso alguno, mientras que Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha sitúan el pago del impuesto en una horquilla de entre 5.000 y 16.000 euros.
Por su parte, las diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya se mantienen en torno a los 1.600 euros, al tiempo que comunidades como la Valenciana o Madrid conservan cuotas inferiores a los 1.000 euros.
En el tercer escenario, con un patrimonio heredado de 1.000.000 euros, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia continúan sin exigir pago efectivo y Canarias solo reclama una cantidad meramente testimonial.
En el extremo contrario, Navarra, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Asturias pueden llegar a reclamar más de 100.000 euros, siendo estas dos últimas las que aplican una fiscalidad más onerosa, según explica la abogada fiscalista de Arag María Esther González.
González recuerda que el Impuesto de Sucesiones parte de una ley estatal que lleva años sin cambios y cuyos importes no se han actualizado, mientras las comunidades han desarrollado normativas propias más o menos favorables.
Ante este escenario heterogéneo, Arag aconseja conocer con detalle la regulación autonómica, aprovechar al máximo las reducciones y bonificaciones -incluidas las aplicables a seguros de vida, a menudo olvidadas- y planificar la sucesión mediante testamento y, si procede, donaciones en vida analizadas con cuidado para evitar consecuencias no deseadas en otros tributos como el IRPF.