El viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, Juan Carlos Campo, y la directora general de Empleo y Asuntos Laborales, Judith Flórez, han expresado este lunes el respaldo del Ejecutivo autonómico a la plantilla de Ence Navia, tras mantener un encuentro con el comité de empresa y con representantes de CC.OO., UGT, CSIF y USO en el marco del expediente de regulación presentado por la compañía.
Campo ha reafirmado que la postura del Gobierno asturiano es “de apoyo a las demandas de los trabajadores y trabajadoras y al desarrollo industrial en Asturias”, remarcando que el objetivo central es “preservar el empleo o, en su caso, minimizar las pérdidas”.
En la misma línea, ha incidido en la importancia de disponer de “un proyecto industrial de futuro que permita garantizar, como ha venido siendo en el pasado, el desarrollo de esta empresa emblemática en la comarca y en Asturias”.
Por otro lado, la directora general de Empleo y Asuntos Laborales ha trasladado la “preocupación” del Principado ante una medida regulatoria de “grandísimo impacto”, dado que en esta primera fase afecta a más de una cuarta parte de la plantilla. Flórez ha precisado que el expediente se registró en la Consejería el 20 de enero y que, dos días más tarde, se solicitó a la empresa que completara y corrigiera varios aspectos formales y de fondo.
Entre esos puntos, ha subrayado la exigencia de una “justificación adecuada y correcta” de las causas organizativas, técnicas, productivas y económicas alegadas por la compañía. La documentación complementaria se ha entregado este lunes y está siendo revisada por los servicios técnicos competentes.
Según ha detallado Flórez, este examen servirá para comprobar si se han corregido las carencias detectadas. Ha aclarado que estas deficiencias no paralizarían la tramitación del expediente, pero sí ayudarían a “despejar dudas”, en especial para la parte social. Además, ha ofrecido a ambas partes los instrumentos de mediación del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), haciendo un llamamiento a una “negociación dialogada, de buena fe” que facilite consensos y permita estudiar alternativas menos “traumáticas” que las inicialmente propuestas.