La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) considera que la ampliación de la prohibición de desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, supone una erosión del derecho de propiedad, según ha señalado en un comunicado.
Al mismo tiempo, la organización sostiene que esta nueva prórroga vuelve a minar la confianza de los dueños de viviendas en las instituciones del Estado y alimenta la percepción de inseguridad jurídica.
“Con ello, existe un alto riesgo de reducir la oferta de viviendas en alquiler, en un momento en que el mercado ya presenta niveles mínimos de disponibilidad y tiempos de recuperación de inmuebles superiores a los 20 meses”, ha indicado Asval, reprochando que lo que surgió hace más de cinco años como una “medida excepcional” durante la pandemia se haya consolidado en España de forma “casi estructural”.
Apuesta por una solución definitiva a los casos en suspenso
En esta línea, la entidad recuerda que este tipo de medidas se han ido retirando de forma progresiva en la mayoría de países europeos a medida que mejoraba la situación sanitaria y económica. Además, Asval ha subrayado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya determinó, en un caso análogo en Italia, que la prolongación excesiva en la ejecución de desahucios, incluso cuando obedece a la necesidad de organizar políticas de asistencia social, “vulnera los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la propiedad privada”.
“Esta jurisprudencia evidencia que las cargas derivadas de la protección social no pueden recaer indefinidamente sobre particulares ni convertirse en una suspensión 'sine die' de decisiones judiciales firmes”, ha recalcado la asociación.
Ante este escenario, Asval reclama redoblar los esfuerzos para ofrecer una salida estable a los miles de procedimientos paralizados, pidiendo a las administraciones que elaboren un diagnóstico preciso y detallado de cada expediente y apliquen medidas que reduzcan el peso que soportan los propietarios y, al mismo tiempo, aporten estabilidad a los hogares que atraviesan situaciones reales de vulnerabilidad.
“Ni los propietarios deben servir de escudo social, ni las familias pueden seguir sosteniéndose con parches que, lejos de solventar la falta de alternativa habitacional, perpetúan situaciones de precariedad y falta de seguridad”, ha remachado la asociación.