QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) considera que el aval público destinado a cubrir impagos en contratos de alquiler de jóvenes y colectivos vulnerables terminará reduciendo la oferta disponible en algunas zonas, frenará la entrada de nuevas viviendas al mercado e incrementará la sensación de inseguridad jurídica entre los arrendadores.
En una nota remitida a los medios, Asval señala que respalda toda actuación que busque reforzar la protección del derecho de propiedad, pero subraya que el aval aprobado ayer por el Consejo de Ministros no supone una herramienta novedosa, sino la repetición de una propuesta ya planteada “en dos ocasiones previas” durante los últimos meses.
La organización recuerda que el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, conocido como decreto “ómnibus”, ya contemplaba este tipo de aval, aunque su inclusión en la norma nunca llegó a desarrollarse mediante reglamento, de modo que no llegó a aplicarse en la práctica.
Asimismo, el borrador del Plan Estatal de Vivienda incorporaba la misma figura, integrada en el paquete de actuaciones financiadas con los 7.000 millones de euros previstos para dicho Plan. De esta forma, el Real Decreto aprobado ayer supondría, según Asval, una tercera presentación del mismo aval, que de nuevo se anuncia “sin aportar detalles adicionales sobre su implementación efectiva, su ejecución presupuestaria o su marco de garantías”.
Críticas al vínculo con el índice de referencia del alquiler
En este contexto, la asociación de propietarios sostiene que supeditar el acceso de los arrendadores al aval a que la renta se sitúe por debajo del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (Serpavi) constituye un “error” desde el punto de vista técnico y operativo.
De acuerdo con Asval, el Serpavi no refleja de forma ajustada el precio real de mercado, no ha servido para incrementar la oferta ni para facilitar el acceso a la vivienda y, en determinadas comunidades y municipios, incluso habría contribuido a retraer el número de pisos en alquiler. Además, considera que este índice apenas resulta atractivo para propietarios ubicados fuera de las zonas tensionadas, ya que es “poco probable” que un propietario en un municipio no tensionado acepte rebajar la renta por debajo del índice de referencia únicamente para acogerse a un aval que todavía está pendiente de desarrollo.
Para la entidad, cualquier instrumento que tenga como objetivo disminuir el riesgo de impago debería cumplir varias funciones: aumentar el parque de vivienda en alquiler, atraer a nuevos oferentes, reducir la litigiosidad entre arrendadores y arrendatarios y reforzar la estabilidad de los contratos en vigor.
Por este motivo, Asval defiende que la política de vivienda se articule sobre tres ejes: un marco de seguridad jurídica estable, un sistema de incentivos claros y realistas y medidas apoyadas en la evidencia, entre las que cita seguros de impago asequibles, fórmulas de colaboración público-privada y estímulos fiscales transparentes que impulsen de forma sostenida el incremento de la oferta de alquiler, también en el ámbito del Ibex 35 y de los grandes propietarios institucionales.
