La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) calcula que en España alrededor de 770.000 profesionales por cuenta propia podrían acogerse al sistema de IVA franquiciado y que, de poder utilizar este régimen, lograrían un ahorro global superior a los 500 millones de euros cada año.
ATA ha difundido este miércoles un informe en el que analiza y pone cifras al impacto negativo que tiene para los autónomos la ausencia de la aplicación del régimen de franquicia del IVA en España.
Según la organización presidida por Lorenzo Amor, la no implantación de este sistema coloca a los autónomos españoles en una clara desventaja competitiva respecto a sus homólogos de otros países europeos que ya disfrutan de este modelo, como Francia o Italia.
En su estudio, ATA estima que la eliminación de la obligación de presentar declaraciones periódicas de IVA y de llevar una contabilidad específica ligada a este impuesto (programas informáticos, honorarios de asesoría, etc.) implicaría un ahorro directo de unos 25 euros al mes, es decir, 300 euros al año por cada autónomo.
A ello se suma el tiempo invertido en gestiones administrativas vinculadas al IVA. La federación calcula que un autónomo destina de media dos horas mensuales a tareas como recopilar facturas y tickets, preparar liquidaciones o remitir documentación a la gestoría. Si se valora ese tiempo a un coste prudente de 15 euros la hora, el ahorro anual alcanzaría los 360 euros, lo que eleva el beneficio individual total a 660 euros al año.
Al trasladar esta cifra al conjunto de los 770.000 autónomos que podrían acogerse al sistema, el perjuicio económico directo derivado de no disponer del IVA franquiciado se sitúa en 508.200.000 euros anuales.
Impacto en los ingresos públicos
El Gabinete de Estudios de ATA calcula que la implantación del régimen de franquicia del IVA tendría para el Estado un coste anual estimado de entre 625 y 650 millones de euros a nivel nacional.
Esta horquilla se obtiene partiendo de que unos 770.000 autónomos optarían por este régimen al cumplir las dos condiciones básicas: ingresar menos de 85.000 euros al año y no soportar un volumen de IVA que haga más interesante seguir en el régimen general.
Para ATA, la puesta en marcha del IVA franquiciado trasciende el mero ajuste a la normativa comunitaria y debe entenderse como una medida de equidad fiscal y de respaldo estructural a un colectivo considerado pieza clave de la economía española.
“La omisión legislativa del Estado español genera un perjuicio de tracto sucesivo, materializado en una pérdida económica que se reitera y consolida año tras año mientras persista la demora en la adopción del régimen de franquicia”, concluye el informe.