La Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) ha advertido de “el perjuicio y la desprotección” que, a su juicio, genera la reducción de la base de cotización aplicada a los autónomos colaboradores (familiares) y a los autónomos societarios. Según sus cálculos, este cambio ha supuesto y supondrá un desfase superior a 500 millones de euros para la Seguridad Social entre lo que dejó de ingresar en 2023 y lo que no recaudará con la normativa vigente en 2024.
En 2022, la base mínima de cotización para los autónomos societarios se situaba en 1.234,8 euros. Al rebajarse a 1.000 euros en 2023, la Seguridad Social ha dejado de recibir casi 74 euros de cotización por cada uno de los 295.000 autónomos sometidos a regularización, de acuerdo con los datos facilitados por la organización.
Para los trabajadores por cuenta propia que cotizaban por una base superior a la que les correspondía según sus rendimientos a 31 de diciembre de 2022, el Real Decreto-ley 13/2022 introdujo un nuevo sistema de cotización y amplió la protección por cese de actividad, permitiendo mantener esa base de cotización o escoger otra inferior.
Esta norma, que dio lugar a que en diciembre de 2022 sólo el 46,4% de los autónomos lo hiciera por la base mínima, buscaba no perjudicar a quienes venían aportando por bases más altas que la mínima y superiores a sus ingresos con el objetivo de garantizarse mejores pensiones y coberturas antes de la entrada en vigor de la nueva regularización en enero de 2023.
Durante 2023, la Seguridad Social asignó una base de 1.000 euros a familiares colaboradores y autónomos societarios que no declararon rendimientos o de los que no constaban datos, lo que, para quienes ya cotizaban por bases superiores, ha tenido “graves consecuencias en sus trayectorias de cotización y el cálculo de sus pensiones”, según ATA.
Además de la pérdida derivada de situar a este grupo en una base más baja de la que muchos venían utilizando antes del nuevo sistema, la federación critica que dicha base no se haya actualizado por la falta de Presupuestos Generales del Estado para 2024 y 2025, ni se hayan revisado con el IPC las bases de 2022 para el conjunto de autónomos.
De la regularización correspondiente al ejercicio 2023 se desprende que, de los 3,7 millones de autónomos que estuvieron de alta al menos un día ese año, 463.504 -de los que 295.109 fueron regularizados con una base de 1.000 euros- no declararon rendimientos o no figuran en los registros. No obstante, el porcentaje de quienes no presentaron la declaración de la renta apenas llega al 5,58% de ese colectivo.
Los grupos con mayor número de autónomos sin rendimientos registrados son los socios de sociedades de capital y laborales (115.987), los familiares colaboradores (106.952) y el resto de personas autónomas (207.457).
ATA subraya también que la implantación del nuevo sistema impacta de forma especial en las mujeres, mayoría entre los colaboradores (el 56% en diciembre de 2023). En concreto, afecta a 27.000 colaboradoras que ya cotizaban por encima de 1.000 euros, lo que recorta aún más unas pensiones que ya eran inferiores a las de los hombres.
De este modo, la exclusión de autónomos y autónomas societarios y colaboradores sin rendimientos de la base de 2022 no sólo “causa un grave perjuicio para la protección del colectivo”, sino que además “incrementa le brecha de género en su cobertura efectiva”, algo que, en palabras del presidente de ATA, Lorenzo Amor, evidencia que “el objetivo del Gobierno no es el de mejorar la protección de las personas trabajadoras autónomas ni sus derechos sociales”.