Autorización condicionada para la fusión de Movistar y Tigo en Colombia impulsa la venta de Telefónica

La autorización, bajo ciertas condiciones, de la fusión entre Movistar y Tigo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, ha significado un avance crucial para la venta de la filial colombiana de Telefónica, valorada en 368 millones de euros. Telefónica había acordado previamente vender el 67,5% de su participación en Colombia a Millicom, que controla aproximadamente el 50% de Tigo, ubicándose este último como el segundo operador más grande del país, seguido por Movistar y liderado por Claro.

Este paso es fundamental para concluir el proceso de desinversión de Telefónica en Colombia, aunque aún quedan varios aspectos por resolver, incluyendo la venta del 32,5% restante que posee el Estado colombiano a Millicom. Además, es necesario que Empresas Públicas de Medellín (EPM) finalice la venta de su 50% de Tigo a Millicom, que busca fusionar completamente a Movistar y Tigo para competir eficientemente con Claro.

En palabras de Cielo Rusinque, titular de la SIC, ‘Hoy anunciamos la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio en el caso de la integración de Tigo y Movistar, explicando las razones económicas, jurídicas y sociales que nos llevaron a realizar una aprobación condicionada’. Rusinque también destacó, ‘A pesar de las críticas infundadas, hemos estudiado la operación desde una perspectiva de derechos, teniendo por fin la ampliación de la cobertura, infraestructura y garantía de tarifas justas para todos los usuarios, orientando las eficiencias generadas a una competencia más eficiente’.

Durante la rueda de prensa, Rusinque enfatizó que la unión de estas empresas bajo condiciones específicas permitirá consolidar una infraestructura única que, a su vez, reducirá costes y mejorará la eficiencia operativa. Asimismo, resaltó que las condiciones impuestas en la fusión están pensadas para proteger al consumidor y evitar problemas como el desmonte de infraestructuras o la restricción de tarifas vigentes. Además, se estableció que las compañías deberán mantener separados sus núcleos de red y realizar auditorías externas para asegurar el cumplimiento de estas condiciones.