El pleno del Parlament balear ha dado este martes el visto bueno a la proposición de ley de cogestión aeroportuaria, que refuerza el peso de Baleares en las decisiones sobre la gestión de sus aeropuertos y que deberá someterse ahora al debate del Congreso de los Diputados al implicar cambios en normas estatales.
La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de MÉS per Mallorca --promotores del texto--, el PP, Més per Menorca y los diputados no adscritos (34 votos). El PSIB y Unidas Podemos se han abstenido (19), mientras que Vox ha sido el único grupo que ha votado en contra (5).
La proposición introduce una amplia disposición adicional en el real decreto ley 13/2010 y sostiene que la capacidad de las Islas para “definan y gestionen” tanto las infraestructuras aeroportuarias como la política aérea resulta “fundamental e indispensable”.
Según se recoge en el articulado, se pretende que los beneficios económicos “deriven en prosperidad, mejoren la calidad de vida de los residentes y preserven el medio ambiente” y que los ejecutivos autonómicos puedan regular “su principal puerta de entrada y salida”.
El texto subraya que el control de las rutas aéreas y de la planificación del número de vuelos incidirá “de manera clara y directa” en los flujos turísticos, condicionando la operativa del principal motor económico del archipiélago.
En la actualidad, la intervención de las comunidades autónomas se canaliza mediante los comités de coordinación aeroportuaria, órganos con una función “más informativa que participativa”, por lo que la ley considera imprescindible “una mayor capacidad de participación e influencia”.
Para avanzar en este objetivo, la proposición contempla reforzar las competencias de dicho comité, que sus acuerdos tengan carácter vinculante y que pueda convocarse a petición de cualquiera de sus miembros, fijando al menos dos reuniones al año.
Las instituciones de la comunidad autónoma pasarían a tener una representación superior a la de la Administración General del Estado en este órgano, lo que les permitiría influir de forma más determinante en las medidas que se adopten.
La composición prevista incluye dos representantes del Govern, cuatro de los consells insulares, tres de los ayuntamientos de Palma, Maó y Sant Josep y cinco en nombre de sindicatos, patronales y cámaras de comercio; por parte del Estado, se incorporarían dos representantes del Gobierno, dos de Aena y uno de la Delegación del Gobierno en Baleares.
El texto aprobado incorpora varios preceptos para garantizar que la comunidad autónoma disponga de más información sobre las decisiones de Aena, así como otros dedicados a ordenar el funcionamiento y la estructura de las comisiones de coordinación de los aeropuertos de Palma, Eivissa y Menorca.
Durante la tramitación, y tras el acuerdo entre 'populares', ecosoberanistas y menorquinistas, la proposición fue retocada en profundidad y se retiraron numerosos artículos de la redacción original.
En su versión inicial, la iniciativa tenía un alcance mayor, ya que preveía la transferencia a la administración autonómica de la titularidad y las competencias de los aeropuertos de Baleares, además de la creación de una Autoridad Aeroportuaria propia.
La alianza entre MÉS y el PP
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha defendido la conveniencia de impulsar esta ley para diferenciar el modelo de gestión de las infraestructuras aeroportuarias de Baleares del vigente en la Península.
“Ahora se nos aplican los mismos criterios, cuando nuestra realidad no es la misma. Es evidente que desde un punto de vista puramente racional se ve que es deseable tener un modelo diferenciado”, ha remarcado.
El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha rememorado que el Parlament ha reclamado la cogestión aeroportuaria en una veintena de ocasiones sin que se hayan producido cambios en las últimas décadas.
En sentido contrario, ha indicado, en este periodo se ha disparado el número de pasajeros y de infraestructuras, junto con un encarecimiento de las tarifas aéreas. Tres fenómenos que, ha recalcado, se han producido paralelamente al proceso de privatización de Aena.
“Estamos cansados de ser los últimos de la fila, porque en la estrategia expansionista, extractivista y colonia de Aena no pintamos un pimiento”, ha denunciado.
El dirigente ecosoberanista ha cargado con especial dureza contra la abstención del PSIB, al que ha acusado de “anteponer los intereses de los accionistas de Aena y de Ferraz a los de los habitantes de Baleares”.
La diputada del PP Margalida Pocoví ha sostenido que el archipiélago “no puede permitirse no tener voz en la gestión de los aeropuertos y resignarse a ser simples espectadores de decisiones que afectan a su futuro”.
Asimismo, ha argumentado que la cogestión aeroportuaria encaja con las políticas de contención turística impulsadas por el Govern en esta legislatura.
“¿Tiene sentido adoptar esas medidas y no poder incidir en la gestión de los aeropuertos? No, no lo tiene mientras Aena avanza hacia un crecimiento sin límites. La cogestión no es una opción, es una necesidad”, ha concluido.
El PSIB defiende otro modelo
El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Marc Pons, ha reiterado que su formación viene advirtiendo desde hace meses de que el texto, en su redacción original, presentaba un “difícil encaje” con la Constitución y el Estatut d'Autonomia.
También ha insistido en que resultaba “económicamente inviable”, al afectar al 49% de Aena en manos de inversores privados a los que habría que “expropiar o comprar” sus participaciones.
A su juicio, los numerosos cambios introducidos en la proposición confirman este diagnóstico. Frente a ello, ha defendido la conveniencia de reclamar un modelo de cogestión similar al acordado por el Gobierno con el País Vasco y al que se negocia con Catalunya.
“Nuestra propuesta es un poco más ambiciosa y nos comprometemos a votarla aquí y en el Congreso. Es una propuesta realista, posibilista y ambiciosa, que representaría un paso adelante y ganar una batalla”, ha afirmado.
El socialista ha augurado que su planteamiento tendría “muchas garantías” de prosperar en el Congreso, a diferencia del texto consensuado por 'populares' y ecosoberanistas.
“El PP vota a favor aquí, pero en Madrid están en contra de los acuerdos con el País Vasco y Catalunya, lo que indica que pocas posibilidades tendrá allí”, ha señalado.
Vox arremete contra el PP
El portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, ha criticado al PP por pactar con MÉS per Mallorca y Més per Menorca, “los que se hacen fotos con Bildu y los etarras”, para sacar adelante la norma.
También les ha afeado que, en su gestión de la comunidad autónoma, “siempre quieran tener más competencias pese a no tener la capacidad de asumirlas”.
En la misma línea que el PSIB, ha subrayado que el texto llega al Congreso “castrado”, puesto que “no tiene nada que ver con el original”. “Y afortunadamente”, ha añadido.
El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha expresado su deseo de que el proyecto legislativo logre superar el trámite en el Congreso de los Diputados.
La diputada no adscrita Idoia Ribas apenas ha entrado en el fondo de la cogestión aeroportuaria y ha utilizado su intervención para arremeter contra Vox, su antiguo partido, y contra el PP.