El Govern balear prevé movilizar cerca de 161 millones de euros para respaldar a diversos sectores de la economía de las Islas que puedan verse perjudicados por la guerra en Irán y Oriente Próximo, con la finalidad de “proteger a las empresas, preservar los puestos de trabajo y evitar el incremento de los costes en la cesta de la compra”.
Así lo ha explicado la presidenta del Govern, Marga Prohens, al presentar este primer paquete de actuaciones tras una reunión en la que han participado varios consellers, los Consells insulares, representantes de las corporaciones locales y de los agentes sociales.
El conjunto de medidas se aprobará el próximo miércoles en un Consell de Govern extraordinario, con el fin de incorporar las aportaciones de los sectores implicados. El plan se estructura en cinco bloques que combinan apoyo financiero, subvenciones directas y cambios de carácter estructural.
Casi la mitad del plan, en créditos para empresas y autónomos
En primer lugar, el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha un amplio dispositivo para reforzar la liquidez de empresas y autónomos, mediante 75 millones de euros en líneas de crédito canalizadas a través de la entidad financiera ISBA.
Estas líneas contemplan una aportación pública que cubrirá el 100% del coste de los avales y el 90% de los intereses, con la finalidad de “facilitar al máximo el acceso al crédito en un contexto de incertidumbre e incremento de costes”.
En segundo término, el paquete incorpora 36,75 millones de euros en ayudas directas para los sectores económicos más expuestos. De este montante, 13,5 millones se reservan al sector primario, con medidas para compensar los sobrecostes del gasóleo agrario y pesquero, la alimentación del ganado --3,5 millones--, los fertilizantes --1,5 millones-- y otros insumos.
Prohens ha detallado que se habilitarán además cinco millones para inversiones en explotaciones agrarias, transformación y comercialización de productos, así como otro millón para bonos destinados a incentivar el consumo de producto local.
El sector del transporte contará con 9,75 millones de euros, con líneas específicas para el transporte de mercancías --seis millones--, el transporte discrecional y el taxi, además de una línea para el desguace de vehículos --2,5 millones--, una “demanda del sector”.
Otros 13,5 millones se orientan a los ámbitos industrial, de la construcción y del comercio, con ayudas para compensar los sobrecostes del transporte y de las materias primas --ocho millones para autónomos--, apoyo a empresas exportadoras --dos millones-- y una nueva convocatoria extraordinaria de bonos comerciales y de alimentación --3,5 millones--.
Menos burocracia y medidas fiscales específicas
En tercer lugar, el Govern prevé un paquete de actuaciones para agilizar la tramitación de las ayudas, mediante cambios normativos que permitan reducir la “carga administrativa” y programas temporales para reforzar con más personal público los equipos encargados de la gestión, con el propósito de “acortar los plazos de resolución”.
El cuarto bloque reúne las medidas de carácter fiscal, con un impacto estimado de cuatro millones de euros. Por un lado, se recupera la deducción autonómica en el IRPF para compensar el aumento del coste de las hipotecas a tipo variable --dos millones--, con el objetivo de aliviar la carga financiera de las familias afectadas por la subida de los tipos de interés.
Por otro lado, se fija una bonificación del 50% de las tasas portuarias para las empresas de servicios y una bonificación del 100% para los pescadores profesionales, inicialmente hasta el 30 de junio y con la posibilidad de prorrogarla hasta el 30 de septiembre --calculado en dos millones--.
El quinto bloque incluye una partida de 45 millones de euros para la revisión de precios en contratos de obra pública y servicios, con la finalidad de “adaptarlos a la escalada de precios y garantizar la viabilidad de las adjudicaciones”.
En este punto, Prohens ha precisado que la administración autonómica acudirá al “máximo” subvencionable, pero ha avanzado que reclamarán al Gobierno de España que apruebe una revisión de las adjudicaciones de obra pública que permita un margen “más amplio” e incluya a los Consells insulares y a los ayuntamientos.
Doble y triple insularidad y reclamación al Gobierno central
Prohens ha subrayado que todas las medidas tendrán en cuenta la realidad de la “doble insularidad” de Menorca y Eivissa y, en el caso de Formentera, la “triple insularidad”. Ha insistido en que se trata de un primer paquete, con importes ampliables según evolucione el conflicto, dado que se vive una situación de “incerteza” porque “no se sabe hasta dónde llegarán los efectos”.
Aunque ha expresado su deseo de que la guerra “acabe lo antes posible”, ha reiterado que mantiene la mano tendida a los diferentes sectores para analizar el impacto y, si fuera necesario, aprobar nuevos apoyos o reforzar los ya existentes.
En paralelo, ha señalado que ya se preparan nuevas actuaciones de carácter social dirigidas a los colectivos más vulnerables, que se darán a conocer próximamente, una vez la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, complete la ronda de contactos con las entidades sociales.
Preguntada por si el Govern contempla medidas específicas en materia de vivienda o si, como presidenta del PP en Baleares, pedirá a los diputados baleares el apoyo al decreto de prórroga de los alquileres, Prohens ha evitado responder a la segunda cuestión y, sobre la primera, se ha remitido a las propuestas que puedan surgir de estos encuentros, recordando que fueron los grupos parlamentarios quienes solicitaron tratar estas medidas por separado.
También ha indicado que los Consells insulares ya le han trasladado su voluntad de poner en marcha medidas “complementarias” dentro de sus competencias.
La presidenta ha avanzado que el Govern reclamará al Ejecutivo central “compensaciones económicas adicionales” para Baleares o la financiación de parte del paquete, con el fin de “tener en cuenta la realidad insular”.
“Es una reclamación que suscita consenso, ya que todos los sectores económicos de Baleares coinciden en que las medidas estatales son insuficientes para el archipiélago, al obviar la realidad insular”, ha enfatizado.
Además, Prohens ha señalado que a este esfuerzo habría que sumar otros 40 millones de euros por el efecto que tendrá en la recaudación autonómica la rebaja del impuesto de los carburantes y de la generación eléctrica aprobada por el Gobierno central.
Finalmente, ha agradecido el “tono” mostrado por los participantes en las reuniones previas para diseñar el paquete, al considerar que la sociedad “exige superar las diferencias partidistas” y “estar a la altura de lo esperan los ciudadanos”.