Este martes, el Ayuntamiento de Barcelona envió a Airbnb una propuesta revisada para un acuerdo de colaboración que incluye, entre otras iniciativas, la eliminación de anuncios no autorizados en un plazo no mayor a 48 horas. Anteriormente, con el acuerdo previo, esto podía tardar entre 10 y 15 días.
La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, en declaraciones a la prensa, señaló que las peticiones formuladas en este nuevo acuerdo «son demandas de sentido común».
«Pedimos cosas tan sencillas como que la información de la que disponga en su plataforma sea cierta y que los datos sobre los pisos se ajusten a la realidad, y que antes de colgar un anuncio se verifique la identidad del anfitrión, porque no podemos encontrarnos con anuncios publicados por alguien llamado James Bond», agregó Bonet.
MEJOR COMUNICACIÓN
Uno de los aspectos resaltados por Bonet es la necesidad de mejorar la comunicación con Airbnb, que actualmente se realiza por medio de correspondencia postal enviada a Irlanda.
«Creemos que, en la sociedad de la información, más cuando hablamos de una plataforma como Airbnb, o cualquier operador tecnológico de estas características, el método de relación no puede ser una carta postal enviada a Irlanda», mencionó.
CESIÓN DE DATOS
El acuerdo también contemplaría la cesión de los datos de los titulares de las cuentas bancarias donde se reciben los pagos de las operaciones realizadas en la plataforma «para reforzar la trazabilidad de las transacciones y la lucha contra el fraude».
Con la cesión de datos, en los anuncios de alquiler de menos de 32 días será obligatorio introducir el número de licencia piso de uso turístico, que desde este julio será substituido por el número de registro único de arrendamiento que da el registro de la propiedad.
En el caso de los alquileres de más de 32 días, no se permitirá abrir el calendario para reservas de corta duración sin una licencia vigente y solo se podrán anunciar alojamientos registrados en la ventanilla única estatal.
Bonet ha informado que ahora darán 15 días a la plataforma para responder a la propuesta y que esperan que el acuerdo sea posible, pero en caso de que sea rechazado no negociarán «ninguna» de las demandas.
«Como ya dijimos en la última comparecencia, los equipos ya están estudiando todas las acciones por la vía civil, administrativa o penal que correspondan porque necesitamos poder garantizar el complemento de la normativa en un tema, además, tan sensible como el acceso a la vivienda», concluyó.