Este miércoles, el Banco Central Europeo (BCE) ha expresado su preocupación al Gobierno italiano respecto a la inclusión de una cláusula en el presupuesto que declararía las 2.452 toneladas de oro del Banco de Italia como ‘propiedad del pueblo italiano’. Desde el BCE, sostienen que esta medida podría afectar negativamente las operaciones de la entidad bancaria.
‘Invitamos a las autoridades italianas a reconsiderar el borrador del artículo, también con vistas a preservar la independencia del Banco de Italia’, se lee en un comunicado legal que aborda esta cuestión.
El principal partido de la alianza conservadora, Fratelli d’Italia, liderado por Georgia Meloni, ha comentado que el propósito es ‘aclarar’ a quién pertenece realmente este valioso metal, estimado en unos 285.000 millones de euros.
El BCE, sin embargo, ha señalado en su informe que el proyecto de ley italiano carece de argumentos que justifiquen su implementación y que no se ha realizado una consulta adecuada con el Banco de Italia para verificar la compatibilidad con la legislación vigente.
Además, el informe subraya que los tratados que definen las funciones del banco emisor y del Eurosistema no tratan sobre la propiedad de las reservas monetarias, sino sobre su custodia y gestión.
‘El principio de independencia financiera exige que exista una cantidad suficiente de reservas para garantizar que el Banco de Italia disponga de los medios financieros necesarios para desempeñar sus funciones de forma independiente’, concluye el documento.
Alterar la titularidad del oro permitiría al Estado italiano utilizarlo para disminuir su deuda o financiar iniciativas de estímulo, aunque actualmente solo los beneficios del manejo del oro pueden ser transferidos a Roma.
En este contexto, el BCE ha advertido que mover las reservas extranjeras para apoyar directamente al Gobierno sería una infracción de los Tratados que prohíben la financiación del sector público por parte de los bancos centrales.
Finalmente, desde el BCE, liderado por Christine Lagarde, se recuerda que la legislación prohíbe a los bancos centrales solicitar orientación o seguir directrices de los Gobiernos nacionales, mientras que las capitales deben respetar su independencia y autonomía.











