El Banco Central Europeo (BCE) ha reiterado este martes su petición al Ejecutivo italiano para que no incorpore a los Presupuestos la disposición que pretende fijar que las 2.452 toneladas de oro custodiadas por el Banco de Italia son “propiedad del pueblo italiano”, al considerar que esta fórmula podría poner en riesgo el funcionamiento de la institución emisora.
“El BCE sigue sin tener claro cuál es el objetivo concreto del borrador revisado de la disposición”, ha señalado el organismo en una nueva opinión solicitada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia, en la que insiste en sus dudas sobre el alcance real de la iniciativa.
“A falta de una explicación sobre el objetivo del mismo, invitamos a las autoridades italianas a reconsiderar dicho proyecto, también con vistas a preservar el desempeño independiente de las funciones básicas relacionadas con el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) que el Tratado [de Funcionamiento de la Unión Europea] atribuye al Banco de Italia”, ha añadido el BCE, subrayando que cualquier cambio podría interferir en la autonomía operativa del banco central nacional.
El partido de la primera ministra, Georgia Meloni, Fratelli d’Italia, principal fuerza de la coalición conservadora en el poder, ya defendió que la finalidad es únicamente “aclarar” quién es el titular del metal precioso. El oro depositado en el Banco de Italia está valorado en torno a 285.000 millones de euros a precios de mercado.
En un dictamen anterior, difundido el pasado miércoles, el BCE ya había apuntado que el texto remitido por Roma no aportaba una justificación que explicase la necesidad de aprobar esta cláusula. También puso de relieve que el Gobierno no había recabado el parecer del propio Banco de Italia para verificar que la medida se ajusta al marco legal vigente.
El BCE remarcó además que los tratados que regulan las competencias tanto del banco central europeo como del Eurosistema no se pronuncian sobre quién es el propietario último de las reservas oficiales, sino sobre su guarda, administración y utilización conforme a las normas europeas.
Si se alterase la titularidad jurídica del oro, el Estado italiano podría llegar a emplear directamente estas reservas para amortizar parte de la deuda pública o lanzar programas de estímulo económico, cuando en la actualidad únicamente los beneficios generados por la gestión de ese oro pueden transferirse al Tesoro en Roma.
En esta línea, el BCE avisó de que emplear las reservas exteriores, incluido el oro, para sostener de forma directa las cuentas públicas constituiría una vulneración de los Tratados, que prohíben expresamente la financiación monetaria del sector público por parte de los bancos centrales.
El organismo que preside Christine Lagarde recordó igualmente que el ordenamiento jurídico europeo impide que los bancos centrales reciban instrucciones o recomendaciones de los Gobiernos nacionales, al tiempo que los Estados miembros se comprometieron a respetar su independencia y margen de actuación autónomo.











