Berkeley Energia ha incrementado hasta 1.250 millones de dólares (alrededor de 1.060 millones de euros) la cuantía de la indemnización que reclama a España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), a raíz del bloqueo del proyecto de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca).
Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su filial Berkeley Exploration ha registrado un memorial de demanda ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, dentro del procedimiento de arbitraje internacional que mantiene abierto contra el Reino de España.
En mayo de 2024, Berkeley Energia ya había anunciado la presentación de una solicitud de arbitraje ante el Ciadi por el veto a la explotación de uranio en Retortillo, reclamando entonces una compensación preliminar de 1.000 millones de dólares (unos 848 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios.
El nuevo escrito de demanda incorpora el relato detallado de los hechos en torno al desarrollo del proyecto y al origen del conflicto, así como declaraciones de testigos relevantes, una valoración económica de los perjuicios sufridos y diversa documentación pericial.
De acuerdo con Berkeley Energia, el Gobierno de España dispone de plazo hasta el próximo mes de julio para contestar al memorial de demanda, o hasta octubre de 2026 para presentar un escrito específico sobre jurisdicción si el tribunal del Ciadi decide tratar primero esa cuestión antes de entrar a valorar la responsabilidad y los daños.
Pese al litigio en curso y al registro formal del memorial, el grupo minero australiano subrayó que “mantiene su compromiso con el proyecto Salamanca y continúa abierta a un diálogo constructivo con España”.
Asimismo, la compañía recalcó que “Berkeley está dispuesta a colaborar con las autoridades españolas pertinentes para encontrar una solución amistosa a la situación de los permisos y mantiene la esperanza de que las conversaciones puedan tener lugar a corto plazo”.
Una controversia que se arrastra desde 2013
El proyecto para explotar la mina de uranio de Retortillo obtuvo una autorización preliminar en 2013, pero el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico rechazó la aprobación definitiva en 2021 y volvió a denegarla en 2023.
Tras estas decisiones, Berkeley sostuvo que las actuaciones de España contra su filial en el país y contra el proyecto de Salamanca vulneraban varias disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). En su solicitud inicial de arbitraje, la empresa cifró en unos 1.000 millones de dólares la compensación preliminar por dichas infracciones, una cantidad que ahora ha elevado hasta 1.250 millones de dólares.