El presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, ha arremetido contra la jornada de paro general y la concentración convocada por la asociación Élite Taxi en Barcelona, al considerar que “Barcelona no puede seguir secuestrada por una minoría que presume de dictar leyes”. La protesta, impulsada por el sector del taxi, busca presionar para acelerar la tramitación de la ley que regulará la actividad y mostrar su rechazo a plataformas como Uber, Cabify y Bolt.
La movilización se desarrolla este martes entre las 10 y las 16 horas y afecta a los principales puntos de entrada y salida de la ciudad, como aeropuertos y estaciones de tren y autobús, aunque se mantienen los servicios de traslado de urgencias. Desde Unauto VTC sostienen que este tipo de paros perjudica a la ciudadanía y condiciona la acción de las instituciones catalanas.
En este contexto, Berzal ha señalado que “ni el Govern ni el Parlament pueden seguir legislando en estas condiciones. El president Illa tiene la oportunidad y la responsabilidad de terminar con esta situación que ya hace demasiados años que dura”, insistiendo en que la presión de una parte del sector del taxi no debería marcar el rumbo de la normativa.
Críticas a la nueva ley del taxi en Catalunya
Coincidiendo con la jornada de protestas, la patronal de los VTC ha desplegado una gran pancarta en la calle Pelai de Barcelona, vía que enlaza con la céntrica plaza Catalunya. El cartel, de 18 metros de alto por 13,2 metros de ancho, exhibe el mensaje “Este podría ser tú último viaje (en una VTC). No lo permitas”, con el que Unauto trata de alertar sobre las consecuencias de la futura ley del taxi en Catalunya.
La organización empresarial sostiene que la nueva regulación “privará a miles de personas de una opción de movilidad, empeorará la escasez de alternativas de transporte en Barcelona y dejará en el paro a más de 6.000 personas”. En su opinión, la norma reducirá la oferta disponible y afectará tanto a usuarios como a trabajadores del sector de las VTC.
Además, Unauto ha puesto el foco en el impacto económico que, a su juicio, tendría la aprobación del texto legal. Berzal ha subrayado que “con los 72 millones que se van a perder en contribuciones sociales, IVA o impuestos hidrocarburos, se podrían construir 70 centros de atención primaria. O con los 55 millones que pagarán todos los contribuyentes en prestaciones por desempleo, se podría hacer la reforma integral de un intercambiador de Rodalies”, para ilustrar el coste que, según la patronal, asumiría el conjunto de la sociedad si la ley sale adelante en los términos actuales.











