El Gobierno de Bolivia ha proclamado la “emergencia energética y social” en todo el país ante el fuerte proceso inflacionario, la escasez de dólares y los problemas de abastecimiento de combustibles, según recoge el documento difundido en la Gaceta Oficial del Estado.
El Decreto Supremo 5516 admite la existencia de una crisis económica, financiera y social “de carácter estructural” que afecta al país desde hace años, aunque el Ejecutivo ha atribuido esta situación a la gestión de anteriores presidentes. Bolivia cerró el 2025 con una inflación del 24,73%.
Entre las medidas centrales se incluye que personas naturales o jurídicas privadas puedan importar, vender y comercializar combustibles de forma excepcional y temporal, a precio de importación, con la finalidad de asegurar el suministro interno.
En la misma línea, el Gobierno ordena la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas durante un año, para facilitar su ingreso al país y garantizar el abastecimiento para el transporte, la producción y la agroindustria.
El decreto se ha aprobado tras el entendimiento alcanzado entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales, especialmente con la Central Obrera Boliviana (COB), apenas dos días después de lograr un acuerdo destinado a frenar las protestas de los últimos días contra la eliminación del subsidio al combustible.