El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha ordenado desde este lunes la presencia de las Fuerzas Armadas en las plantas estratégicas de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con el objetivo de proteger la compañía “de las mafias y de la corrupción”.
“Estamos actuando en la defensa de la patria. Este resguardo de nuestras plantas estratégica es en defensa, a su vez, de los buenos trabajadores de YPFB, para defender a nuestra empresa de las mafias y de la corrupción”, ha indicado el mandatario en un mensaje televisado a la población.
Paz ha subrayado que esta decisión también busca “blindar” la soberanía energética de Bolivia y “garantizar la trazabilidad total” en todo el proceso de producción y distribución de la gasolina, con el fin de “cortar de raíz cualquier intento de sabotaje técnico o administrativo”.
De forma simultánea, el Ejecutivo boliviano incorporará aditivos estabilizantes antioxidantes para impedir la degradación de la gasolina. “Es la primera vez que se generan estas mejoras en la patria. Protege motores, mejora la calidad y no implica aumento de precios al combustible”, ha remarcado el presidente.
Además, el Gobierno ha reforzado el Servicio de Registro Cívico (SERECI) con el propósito de que las personas perjudicadas por el uso de gasolina defectuosa puedan acceder a “compensaciones justas y rápidas”.
El gabinete de Rodrigo Paz reconoció a comienzos de febrero que se había distribuido gasolina de mala calidad en el país debido a un fallo en la mezcla del combustible. Tras este reconocimiento oficial, diversas organizaciones sindicales y federaciones del transporte público salieron a las calles para reclamar una indemnización por los daños ocasionados en sus vehículos.
“Lo ocurrido hace algunas semanas con la calidad de la gasolina no fue un simple error técnico, no fue impericia, fue un acto deliberado de sabotaje”, denunció Paz en su intervención de este lunes, apuntando a posibles responsables internos.
En paralelo, YPFB encara la resolución judicial que ordena prisión preventiva durante 90 días para la exgerente de la petrolera estatal, imputada por los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica, en el marco de las investigaciones abiertas en el sector.