La Comisión Europea ha comunicado este viernes que ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por haber incorporado de manera incorrecta a su normativa interna varios puntos de la directiva comunitaria sobre créditos hipotecarios.
El expediente arranca con el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, que cuentan ahora con un plazo de dos meses para contestar y corregir las deficiencias detectadas por Bruselas, antes de que la institución comunitaria pueda pasar a formular un dictamen motivado.
Esta directiva, aprobada en 2014, persigue la creación de un mercado único del crédito hipotecario más eficaz y competitivo, asegurando al mismo tiempo un elevado nivel de protección para los consumidores en todos los países de la Unión Europea.
Según Bruselas, España no ha trasladado de forma correcta las normas que permiten a los intermediarios de crédito autorizados en un Estado miembro operar en el resto de la UE sin necesidad de obtener nuevas autorizaciones o registros adicionales en el país donde ofrezcan sus servicios.
La Comisión recalca, además, que la legislación europea fija que la supervisión de estos intermediarios corresponde principalmente al Estado de origen, lo que restringe la capacidad de control del país en el que desarrollan su actividad.
El Ejecutivo comunitario señala igualmente que España no ha transpuesto adecuadamente las disposiciones que garantizan a los prestamistas de otros Estados el acceso a las bases de datos empleadas para evaluar la solvencia de los consumidores.
Si la contestación de las autoridades españolas no fuera considerada suficiente, la Comisión podría decidir proseguir con el procedimiento mediante la adopción de un dictamen motivado, siguiente fase formal del expediente que, en última instancia, permitiría a Bruselas llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.